Las comparecencias de las y los consejeros para explicar el proyecto de ley de Presupuestos de Aragón para el ejercicio 2021 ha comenzado esta mañana con la intervención del consejero de Hacienda, quien ha desgranado las líneas generales de estas cuentas. Nuestro portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha incido en las dudas e interrogantes que arrojan las cuentas presentadas por el cuatripartito en un momento de incertidumbre marcado por la crisis provocada por la pandemia en el que se necesita más concreción y enfocar claramente cuáles son las prioridades. “En prinicipio, -ha dicho Sanz- las nuestras no coinciden con las suyas y le instamos a repensarlas”.
El contexto actual, con una caída de todos los sectores productivos excepto la agricultura (+4,3%) (servicios-19,9 construcción -29,3%, comercio y hostelería – 42,3%), con una tasa de paro del 11,8% (13,6% de la población activa femenina; 10,2% de la población activa masculina) y una economía débil, precarizada y vulnerable, dependiente de los servicios y especialmente del turismo, son fundamentales las medidas destinadas a sostener las rentas de las personas afectadas por la pérdida de empleo y a apoyar al tejido empresarial para limitar sus daños y que pueda reanudar su actividad productiva.
Y para que este escudo social se sostenga es necesaria una política de ingresos que este presupuesto no refleja. Sanz ha mostrado su preocupación por la capacidad tributaria de la Comunidad Autónoma que, a día de hoy, está descompensada. El ICA, que sigue manteniendo el mismo marco fiscal, es el único que ha subido, con una previsión de recaudación de 3 millones más debido a la reducción progresiva de las bonificaciones. Esto contrasta con otras reducciones recaudatorias de los últimos años como el impuesto de sucesiones, sobre el juego o las grandes superficies. O de otra manera más clara y cuantificada: Se mantienen unos beneficios fiscales para el 2021 de 197,6 millones de euros, fundamentalmente por la vía del impuesto de sucesiones y donaciones.
La capacidad tributaria de la administración autonómica (ingresos tributarios/total) en el presupuesto del año pasado fue de un 63%, el 2019 se liquidó en un 58%, pero en esto presupuestos es del 49%. Sin duda un margen que dentro de las competencias propias, pero también en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, habrá que corregir en el futuro, cuando el ciclo económico acompañe. Además, Sanz ha recordado al consejero Pérez Anadón que se debe pensar que estos presupuestos reflejan en los ingresos unas entregas a cuenta provenientes del 2019 de 153,7 millones, que en años posteriores seguramente nos toque compensar este ejercicio.
Somos conscientes y apoyamos que se deba recurrir a la deuda pero debe ser para que no sean las familias las que soporten el peso de los efectos de la crisis, como ocurrió tras el 2008. Una deuda que debe venir de la puesta en marcha políticas anticíclicas para sostener los servicios públicos, tratar de salvaguardar el empleo e impulsar la actividad económica.
El proyecto de presupuesto también recoge elevar el margen de endeudamiento a corto plazo hasta un máximo del 30%. Una medida que el Gobierno plantea para todo el ejercicio pero que estaba establecida en el Decreto Ley 1/2020 publicado el 25 de marzo, aunque cuya vigencia se ceñía al mantenimiento del estado de alarma. Sanz ha preguntado al consejero cuál ha sido el motivo y si esta medida es prudente mantenerla de forma estructural para el 2021, cuando según se anunció recientemente no se había dispuesto de toda esta capacidad en 2020, posiblemente por los fondos transferidos del Estado. Además, según los datos ofrecidos por el propio Gobierno sobre los estados de la tesorería tanto en el segundo como en el tercer trimestre de este año, se ha dispuesto alrededor de 300 millones de préstamos a corto. No entendemos muy bien el porqué de este cambio en la ley de presupuestos.
Sobre política de gastos, compartimos que se incremente el capítulo de personal y trate de ajustarse a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas que ya nos ha indicado la infradotación estructural de este capítulo en los últimos años y que llevó al Departamento de Hacienda a tomar medidas de gestión del en el vigente presupuesto. No obstante mantenemos nuestros recelos sobre si la cobertura del incremento necesario para la prestación de los servicios ordinarios y los extraordinarios derivados de las consecuencias sanitarias y sociales de la crisis se va a atender debidamente o se van a cubrir mediante la fórmula de las externalizaciones. “No les vamos a permitir las recurrentes externalizaciones de servicios que garantizan derechos fundamentales, Sr Pérez”, ha aseverado.
“Tampoco podemos entender porqué se elimina la condicionalidad de las ayudas al cumplimiento de la norma ambiental y al manteminiento del empleo, de hecho en todo el presupuesto no hay una cita sobre condicionalidad”, ha criticado Sanz para insistir en que en estas cuentas del cuatripartito “hay muchas zonas grises”.
Zonas grises como que en este proyecto vemos que no se contempla la actualización de los salarios o las mejoras que va a permitir la Administración central para los mismos. En este sentido, ya podemos anticipar por los datos mensuales de ejecución que vamos viendo, que en el año 2020 no se llegará para cubrir el gasto de personal con el presupuesto consignado, que por cierto tampoco hemos visto que se haya incrementado como entendemos que las circunstancias sanitarias exigían.
En cuanto a políticas de Igualdad el cuatripartito no refleja esfuerzo alguno en estas cuentas y aunque ha anunciado que el gasto social comprende el 58% del presupuesto, el peso relativo de los departamentos de sanidad y de educación desciende, más o menos un punto con respecto al año pasado. No nos hagan trampas, el peso porcentual de esas políticas, como Cooperación, decrece respecto al año anterior y sigue sin aparecer el compromiso firmado con IU.
También es sorprendente que aparezca una partida para el IAI de 40 millones cuando está derogado. Hay muchas cosas que deben explicar de este presupuesto que iremos abordando estos aspectos en las comparecencias de los y las consejeras en las Cortes.
Por último, reconocemos que el proyecto recoge un esfuerzo inversor importante, se duplica este capítulo (aunque no ocurre lo mismo con el 7 de transferencias de capital) con partidas como los hospitales de Teruel y Alcañiz o la mejora de la depauperada red de carreteras de titularidad autonómica o alguno de los centros escolares más demandados, pero nos hubiera gustado un mayor esfuerzo en vivienda, tanto en el capítulo 6 como en el 7, por ejemplo. También podemos apoyar las inversiones en modernización de explotaciones agrarias y que sus niveles recuperen el empuje que este año se vieron perjudicadas bajo la excusa de la EARSE.
“Señor Pérez, le hemos oído poner el acento en la colaboración público privada, yo sé lo que eso significa en boca de uno de sus socios, pero no me queda muy claro lo que significa cuando lo expresa usted”, ha dicho Sanz. En IU entendemos la colaboración de lo público en lo privado y de lo privado en lo público, en un sentido bidireccional y no como un traspaso permanente de recursos de lo público hacia lo privado, sin corresponsabilidad y sin condicionalidad, como lamentablemente tenemos tristes experiencias en esta tierra. Así seguimos viendo apoyos a proyectos como BonÁrea o Motorland.
“Nuestros recursos, la deuda pública en la que vamos a incurrir hasta niveles históricos, tienen que servir para para garantizar la prestación de los servicios públicos hoy y mañana desde unos criterios de calidad y justicia social, lo que solo se hará desde lo público – público”, ha concluido.