En el pleno del pasado miércoles asistimos a una nueva entrega de las incoherencias del PP-PAR en la Diputación Provincial de Zaragoza.

Nos encontramos ante la siguiente situación: se plantea el caso de una asesora de la DPZ, con dedicación exclusiva, a la que el equipo de Gobierno (PP-PAR) propone permitir que imparta clases en la Universidad de Zaragoza.

Decidimos votar en contra de esta propuesta. No porque tengamos nada en contra de esta trabajadora en concreto, ni porque no compartamos el fondo, si no porque en su día no se aceptó nuestro criterio sobre la elaboración de un código ético que rigiera el comportamiento, o más bien las retribuciones de los políticos de esta casa (diputados y personal eventual). Aquel día apostábamos por crear la comisión de trabajo para elaborar el citado código y dejar a expensas de su desarrollo el resto de puntos y enmiendas que se propusieron.

Pues bien, ahora no resulta coherente, sin desarrollar el citado código, que una trabajadora afectada por las condiciones del mismo se le permita percibir una retribución complementaria ya que, según aquel acuerdo, se instó al personal eventual en régimen de dedicación exclusiva a renunciar a cualquier retribución de otras instituciones públicas. Y la Universidad de Zaragoza lo es.

Ya advertíamos entonces que las enmiendas del Partido Popular asimilaban a quienes tenían la condición de empleados públicos, a los efectos del código ético, a las condiciones de los cargos públicos, decíamos que estábamos mezclando “churras con merinas”.

Ahora nos encontramos con que la rigidez del acuerdo que se hizo para todos y todas, interesa flexibilizarlo para un caso concreto sin mediar convocatoria de esta comisión.

Primero lo propone el Sr. Lambán, como decía el Sr. Fuster “dejando su cosica” antes de marcharse; luego resulta que era mejor que el proponente ya no estuviera, y ya no está. Si era tan necesario y urgente entonces ¿a que esperamos ahora?

¿Dónde está el listón de lo ético?… Y le hicimos la siguiente propuesta al Sr. Presidente: dejemos este punto sobre la mesa, convoquemos la comisión que elabore el Código de Buen Gobierno y, posteriormente valoremos este asunto.

Pero, visto el resultado, es evidente que en esta institución hay una doble vara de medir. Y a nosotros nos toca la que está trucada.