Artículo de Daniel Palomo, publicado el 23 de enero de 2023 en La Comarca

Desde hace unos meses hemos notado como la cesta de la compra, y en concreto los productos básicos de alimentación, se ha encarecido desproporcionadamente. Para intentar atajar este problema el Gobierno aplicaba una bajada del IVA de alimentos básicos como el pan, lácteos, verduras, huevos, frutas, pasando en unos casos del 4% de gravamen, al 0% y en otros como el aceite, del 10% al 5%. La finalidad de esta medida era la de controlar y reducir el incremento del gasto de las familias trabajadoras españolas en algo tan básico como es la alimentación. Aunque sabiendo cómo se comporta el mercado y el gran empresariado patrio, se podía prever que esta medida sería insuficiente. Pasadas ya unas semanas podemos decir que las medidas implantadas no han logrado los objetivos propuestos y prácticamente no han aliviado la economía de las familias.

La picaresca y usura de las grandes distribuidoras alimentarias, y la carencia de un buen sistema de control de la distribución y precios de los productos para que se aplicaran las bajadas de forma correcta, han contribuido a que los resultados fueran decepcionantes. Según denuncian las organizaciones de consumidores, como OCU o FACUA, en los últimos meses se habían registrado incrementos de precios de hasta un 60 % en productos básicos, acentuando esa subida en los días previos a la entrada en vigor de la rebaja del IVA. Según los registros de consumo, el total de estas subidas de precios es la mayor en los últimos 34 años.

Ante este panorama se abre la disyuntiva, quedarse con esta apuesta de la bajada del IVA (a la vista insuficiente) u optar por un sistema de control de los precios de los alimentos básicos que realmente frene esta escalada alcista. El control de los precios funciona. Hemos visto como el modelo Ibérico de control del gas y la energía, aún con sus deficiencias y compensaciones, ha hecho bajar considerablemente el precio del MW en comparación con el resto de países europeos. Por lo tanto, ¿Por qué no trasladamos ese tipo de medidas a algo tan básico y fundamental como es la alimentación? Se deben implantar un sistema de topes de precios que ayuden realmente combatir los efectos de la depreciación salarial y de la inflación. Estas medidas deberían ir acompañadas junto aún ajuste fiscal, con subidas de impuestos a las grandes distribuidoras alimentarias, para redistribuir los beneficios caídos del cielo, puesto que estás empresas están disparando los precios más allá de los costes de producción sin justificación alguna.