La Comarca del Alto Gállego, gobernada por el Partido Popular y el PAR, ha aprobado la amortización de cuatro plazas de Auxiliar Social destinadas al servicio de dependencia, lo que supone un nuevo paso hacia su privatización.
El Consejo Comarcal, celebrado el 8 de octubre, aprobó la medida con los votos en contra de Cambiar Sabiñánigo, PSOE y CHA. Además, delegó en el presidente de la institución la competencia para contratar a una empresa privada que asumirá parte del servicio de ayuda a domicilio.
Actualmente, la Comarca cuenta con 40 plazas públicas para atender la dependencia, aunque una parte del servicio ya se encuentra subcontratada. Esta externalización se planteó inicialmente como una solución temporal, con el compromiso de avanzar hacia una gestión directa que garantizara mayor calidad, control público y mejores condiciones laborales.
Sin embargo, la decisión de amortizar cuatro plazas se tomó en un pleno que desde Cambiar Sabiñánigo califican de “anómalo”. Durante el debate, el presidente suspendió la sesión para permitir la intervención de la representante de las trabajadoras, quien expresó su apoyo a la propuesta del equipo de gobierno. Más tarde reconoció que aceptaban la amortización de las vacantes a cambio de una mejora de sus condiciones laborales.
Desde Cambiar Sabiñánigo se planteó una alternativa que habría permitido atender las demandas de las trabajadoras y las necesidades del servicio sin eliminar plazas, pero la propuesta fue rechazada por el equipo de gobierno, que no ofreció una justificación clara de su decisión.
El grupo comarcal se pregunta si el presidente habría permitido la intervención de las trabajadoras si su postura hubiera sido contraria a la propuesta del Partido Popular y el PAR. También lamenta que se intentara impedir a los portavoces de la oposición responder a las alusiones de la representante.
Cambiar Sabiñánigo advierte de que la eliminación de plazas públicas puede facilitar una privatización progresiva del servicio. Con peores condiciones laborales en el sector privado y menor capacidad de negociación, la calidad de la atención a las personas dependientes podría verse comprometida.