El presidente de la Junta de Distrito del Casco Histórico, un barrio con un 25% de población inmigrante, ha remitido un escrito al Consejo de Salud del Centro de Salud San Pablo para trasmitirles su apoyo ante lo que considera “una posición ética fundamental”
“No se trata sólo de negar la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, con este ataque a la sanidad se avanza hacia un escenario en el que los pobres, también españoles, serán ciudadanos de segunda categoría y se les negará el derecho a la salud”. De este modo, el presidente de la Junta de Distrito del Casco Histórico, José Manuel Alonso, se ha dirigido mediante un escrito al personal sanitario del Centro de Salud San Pablo que se declare “insumiso al peaje sanitario” para hacerles llegar su apoyo y solidaridad ante lo que considera una “posición ética fundamental”.
Alonso ha mostrado su preocupación porque “se deja de considerar la salud como derecho para pasar a ser un objeto de consumo más, un bien de lujo”. “En sólo unos meses –continúa-, hemos pasado de ser un país con un sistema sanitario puntero, eficaz y eficiente, a un estado en el que la salud se compra con dinero”.
El Casco Histórico cuenta con un 25% de población inmigrante y Alonso señala que “estos recortes, sumados a otros como las becas de comedor, van a suponer un duro varapalo a muchas economías familiares ya maltrechas por la crisis”.
Por otro lado, Alonso ha desmontado el falso argumento de que esta medida va a suponer un ahorro, puesto que, como se aseveró en el último Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, celebrado en Zaragoza, “la población inmigrante recurre mucho menos a la atención sanitaria que la autóctona”.
Finalmente, se ha comprometido a apoyar todas las movilizaciones de aquellos profesionales que, en este sentido, “se rebelen contra la destrucción de la sanidad universal”.