Zaragoza, 9 de marzo de 2023.- PP, PSOE, C’s y PAR unen sus fuerzas para impedir la planificación de las renovables en Aragón y exigir al gobierno de la nación que recupere las evaluaciones de impacto ambiental para los macroparques renovables.

El diputado de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha insistido en la necesidad de planificar la implantación de renovables en el territorio aragonés y pide que no se ponga alfombra roja a las macro eólicas y fotovoltaicas para enriquecer a las eléctricas destrozando nuestro patrimonio y perdiendo una oportunidad de desarrollo irrepetible.

Hace ya casi un año que la formación advierte que los proyectos de grandes centrales de producción eléctrica renovable se agilizaron con el paquete de medidas de respuesta a la crisis de Ucrania que sustituyó la Evaluación de Impacto Ambiental por un procedimiento más abreviado que restó garantías de protección ambiental.

Hoy en las Cortes de Aragón, Izquierda Unida ha insistido en la necesidad de planificar la implantación de las energías renovables en el territorio, porque tienen un gran impacto ambiental, social, económico y paisajístico. Sanz ha denunciado que el gobierno lleva más de dos años sin actuar en esta dirección. Y que, de hecho, la legislación que se aprueba va en el sentido contrario, y acelera la implantación de macroparques agresivos con nuestro entorno sin control ni garantías ambientales.

El Real Decreto Ley 6/2022, sobre el que se ha debatido hoy, se convalidó en el Congreso de los Diputados el 28 de abril de 2022. Un año después, la tramitación parlamentaria no ha finalizado y se le suma la aprobación y convalidación del Real Decreto Ley 20/2022 que contiene medidas para hacer frente a la crisis energética que moviliza 14.000 millones de euros; y que de nuevo exime de la evaluación ambiental a los proyectos de energías renovables, sin aportar ningún beneficio y ocasionando rechazo aún mayor en los territorios. Se despliegan proyectos especulativos, sin el respaldo social necesario y sin el acuerdo de los municipios a los que afectan.

La lucha contra el cambio climático es una prioridad absoluta y estamos comprometidos con la construcción de un nuevo modelo energético 100% renovable para el año 2050. Pero la propuesta de Izquierda Unida implica una verdadera revolución energética en nuestro país y en todo el mundo, con enormes retos técnicos y tecnológicos. Ambos objetivos, junto al ahorro y la eficiencia energética. Es decir, el decrecimiento en el consumo y la planificación de la generación de energía limpia forman la base primordial de una transición energética.

Consideramos que la evaluación ambiental es una herramienta imprescindible, que define las medidas necesarias para minimizar los impactos, incluso cuando no resulten alarmantes. La implantación de las renovables debe establecerse a partir de un planteamiento público, con criterios racionales, democráticos, objetivos y transparentes. La población debe participar de las decisiones públicas que les afectan, y preservar la biodiversidad y los usos del territorio. No es una tarea fácil, no caben atajos, y requiere de una voluntad política ajena a presiones e intereses empresariales, lavados de verde.

No hay justificación para eximir a los macroparques de presentar estos informes y además tiene efectos irreversibles, incluso el portavoz del grupo confederal de Unidas Podemos en el que se integra IU en el Congreso ha manifestado el apoyo al conjunto del RDL 20/2022, si se suprime esta exención de evaluación ambiental.

No fue el único grupo que, a condición de tramitarlo como proyecto de ley para ser enmendado, votó a favor de la convalidación de un Real Decreto Ley que movilizara los 14.000 millones para ayudas a familias vulnerables, bajada del IVA, incremento del IMV, prórroga de medidas de protección por vulnerabilidad energética, reducción de la factura energética, ayudas a la industria electrointensiva, cambios favorables para el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, bonificación del gasóleo y fertilizantes a sectores productivos, bonos al transporte público, control del alquiler, suspensión de desahucios, beneficios fiscales por incendios forestales, control de despidos y prórroga del SMI y otras medidas.

Conocemos las presiones de algún sector para que no se lleguen a tramitar estos proyectos de ley, pero el territorio y el medio ambiente no pueden esperar. Es urgente delimitar y planificar las renovables y el Congreso de los Diputados debe corregir el Real Decreto Ley para que los daños ambientales de estos proyectos no resulten irreversibles.