El diputado de IU Aragón, Álvaro Sanz, destaca que “la propuesta era una bandera blanca y una necesidad reconocida” y los partidos del gobierno niegan su apoyo
En Aragón, de sus 1,3 millones de habitantes, el 21,8% tiene más de 65 años y el número de personas mayores sigue aumentando. Y el maltrato a las personas mayores es una realidad muy invisibilizada ya que se denuncia 1 de cada 24 y requiere esfuerzos reales. Es muy difícil romper con esta situación y es necesario mejorar la actuación de la administración.
El acuerdo de gobierno actual recoge que “Se apoyará y asistirá a las víctimas de violencia intrafamiliar, en especial a la que sufren las mujeres, a la que sufren los niños y a la que sufren los ancianos, así como la creciente violencia filio parental.” Sin embargo, en el presupuesto de 2024 no se recogen actuaciones en este sentido en bienestar social. Se va a crear una oficina judicial de atención a víctimas de violencia de la tercera edad, pero este recurso no tiene la capacidad de respuesta que se requiere para actuar frente a esta situación. Faltan recursos habitacionales, servicios específicos de orientación y acompañamiento e incluso una red de detección que nos permita actuar y empoderar a las personas que se encuentran en esta situación.
“Las subvenciones y la sensibilización son una cortina de humo o un balcón florido, medidas necesarias, pero poco ambiciosas. Lo que se necesita es voluntad política y presupuesto para desarrollar mecanismos eficaces que detecten estas situaciones, que es el verdadero reto, y se atienda realmente a las personas”. Afirma Sanz.
Desde IU Aragón, “entendemos que los recursos son limitados y hay que priorizar, creemos que hay que priorizar lo que responde a defender derechos humanos y que detectar situaciones de vulnerabilidad y luchar contra el maltrato a las personas mayores debe serlo”.
La propuesta incluye elaborar un informe técnico que se evalúe los recursos, dé respuesta a las personas mayores víctimas de malos tratos en todo el territorio e incluya una valoración de las necesidades y recursos más adecuados para actuar frente a esta cuestión.
También es necesario establecer en todo el territorio equipos multidisciplinares especializados de atención a la violencia sobre las personas mayores que permita la coordinación con el sistema judicial, asesore a los centros sociales de base y promocione la implantación y desarrollo de recursos de detección, acogida y apoyo a las personas mayores víctimas, incluyendo el acceso a recursos habitacionales de urgencia temporales y/o estables.
Además de instaurar protocolos en todos los servicios públicos que atienden mayores, incrementar los programas de formación y apoyo al cuidador informal. Implantar programas intergeneracionales, incorporar encuentros en los programas de Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad, mejorar la difusión del Teléfono del mayor y la sensibilización e incorporar herramientas de detección y análisis de cara a mejorar las actuaciones.