Asistimos a un empacho de anuncios inversores en Aragón para implantar grandes centros de datos promovidos por grandes tecnológicas mundiales, empresas energéticas y fondos de inversión, arrastrados por una espiral consumista irresponsable; todo sin un mínimo análisis crítico del fenómeno que, como anuncian, va a cambiar nuestro modelo productivo y la disposición de los recursos naturales.

El Gobierno de Aragón otorga la consideración de interés general (DIGA o PIGA), o sea pone alfombra roja, a unas instalaciones cuyos efectos no se conocen, porque la opacidad y la falta de información es notoria.

Sin conocer las cláusulas de confidencialidad pactadas (¿Desde cuándo tiene que ser opaco un acuerdo público?), el interés general otorga a empresas privadas el favor de los recursos públicos, relajación de controles ambientales, régimen urbanístico favorable, suplantando la competencia municipal en la materia, beneficio de la expropiación, simplificación y prioridad administrativa, además de unas consideraciones fiscales muy ventajosas.

Las declaraciones de interés general son mecanismos extraordinarios que deberían estar muy justificados, ya que son una herramienta para impulsar las políticas públicas, pero aquí nos encontramos con un instrumento que atiende a lo que ya respalda el mercado (o especulación) por sí solo.

El mercado impulsa la acción pública y no al revés. Son los poderes públicos los que deberían corregir los desequilibrios que producen los intereses económicos de las empresas privadas, por ejemplo, reequilibrando el territorio y no favoreciendo la implantación de empresas sólo en el entorno metropolitano de la capital o en los principales ejes de desarrollo de la comunidad, sin dotar de recursos al resto de comarcas que, eso sí, sufren la invasión y el extractivismo energético que requiere esta industria electrointensiva. Porque eso también se ha hecho una ley para que tengan la energía más barata.

Energía barata y segura, por eso, además de la invasión de macrorenovables, necesitan enganche a la red. Este es el verdadero talón de Aquiles de este negocio, la energía; y este es el elemento que ha llevado al Ministerio de Transición Ecológica a calificar como una “burbuja” y a medir las ansias de los especuladores y del Gobierno de Aragón para reclamar el sobredimensionamiento de la Red con inversiones que pagamos todos en el recibo de la luz

Hasta hace poco, casi nadie se atrevía a cuestionar la bondad de estas inversiones, nadie de salía de un marco de opinión en el que se apoya y facilita cualquier inversión millonaria que venga a esta tierra, sin cuestionar el porqué del interés de estos inversores por nuestra tierra y recursos, ni cuáles serán los impactos que lleva aparejados.

Debemos pensar por qué en otros países y en comunidades vecinas han rechazado o frenado la instalaciones de centros de datos hiperescalares, cuál es consumo real de agua y en qué momento van a demandar el agua, qué prioridad tendrán en tiempos de sequía (y no puedan para su actividad), qué impuestos van a pagar y cuáles no, cuál es el empleo real que van a generar, ya que podemos asegurar que en los centros que ya funcionan la cifra ni se acerca a lo anunciado y, sobre todo, qué compromisos y garantías han asumido estas empresas sobre la creación del empleo que anuncian, a cambio de semejantes privilegios.

Lo de perdonar los impuestos a estas empresas multimillonarias merece una reflexión añadida, ya que además se permiten el lujo de hacer publicidad con minúsculas inversiones que deberían afrontar las administraciones públicas en comparación con lo que dejan de recaudar por la vía tributaria, lo que justamente correspondería, tal y como hacemos el resto de contribuyentes.

Por cierto, privilegios que les aportamos a empresas norteamericanas en un contexto comercial que ha dinamitado el Presidente de EEUU y que está complicando la viabilidad de muchas empresas europeas.

El análisis crítico y un debate social es necesario. No se puede eludir la reflexión colectiva si verdaderamente el interés de Aragón está ahí.

Jesús García Usón
Responsable de Modelo Productivo y Ecologismo de IU Aragón