Izquierda Unida critica la política del Gobierno de Aragón en relación con la provisión de puestos de trabajo en los centros educativos públicos. Su Coordinador general y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha registrado una pregunta en las Cortes dirigida al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, y a la consejera de Educación, Tomasa Hernández, sobre la redistribución del personal no docente porque lo está ejecutando “sin criterio establecido y sin justificación alguna”.
El diputado de Izquierda Unida advierte que, con la excusa de la supuesta “sobredotación” de algunos centros educativos y la necesidad de otros, el Ejecutivo autonómico está notificando a los centros que están “sobre dotados” el traslado de parte de su personal no docente “sin el debido estudio de necesidades y sin la búsqueda de alternativas para los centros para establecer si lo viable es la redistribución de efectivos o la dotación de nuevo personal”.
En cuanto a las personas trabajadoras, el Gobierno de Aragón les deja en una situación de “incertidumbre” y “absoluta desprotección” ya que no tienen “margen de maniobra”. El motivo es que el servicio provincial correspondiente decide quiénes van a ser trasladados, les entrega un documento de conformidad para firmar y, de no hacerlo, les expone a perder su empleo.
“Somos conscientes de la cantidad de puestos de libre designación y de jefaturas de servicio que se implementan cada semana a través del Boletín Oficial de Aragón y, por ello, nos sorprende el ajuste económico que se quiere realizar con las categorías bajas del escalafón que son imprescindibles para el buen funcionamiento de los centros”, señala Sanz quien espera que los dos Departamentos le den información pormenorizada de los criterios para priorizar la reasignación de la Relación de Puestos de Trabajo de unos centros educativos a otros antes que la creación de nuevas plazas. Además, el portavoz les pregunta si se ha realizado un estudio de las cargas de trabajo por centro que justifique dicho traslado.
Para el diputado de IU, la educación, junto con la sanidad y los servicios sociales son “los puntales del sostenimiento” de un Estado social y de derecho. “Sin unos servicios públicos fuertes y bien dotados, la ciudadanía es la mayor perjudicada y este perjuicio se nota, más si cabe, en los territorios del medio rural aragonés”, concluye.