Izquierda Unida continúa dando traslado al Gobierno de Aragón de las reivindicaciones y preocupaciones de los habitantes de las zonas afectadas por la mina de Borobia e insta a defender el territorio y el agua de las comarcas de la vertiente aragonesa del Moncayo, concretamente las cuencas del Manubles, el Ribota y el Aranda.
Su Coordinador y portavoz parlamentario en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha registrado una pregunta para su respuesta escrita dirigida al consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, sobre esta mina tras conocer que la Junta de Castilla y León ha otorgado la concesión minera y aprobado el proyecto de ampliación de la explotación.
En enero de 2021 se sometió a información pública el estudio de impacto ambiental para la ampliación de la explotación minera en Borobia. Una actuación que supone ampliar su superficie de 64 a 196 hectáreas y que motivó la presentación de cientos de alegaciones individuales, de ayuntamientos, colectivos ecologistas y vecinales de los municipios aragoneses y del propio Gobierno de Aragón.
En este sentido, Ejecutivo aragonés manifestó la intención de proteger los intereses de la Comunidad ante los impactos por la explotación minera, que también fue rechazada en las Cortes de Aragón a través de la aprobación de una proposición no de ley con la que se instó a la DGA a llevar a cabo las actuaciones necesarias con el objetivo de paralizar esta ampliación.
Asimismo, el consejero de Medio Ambiente respondió a Izquierda Unida, a través de una pregunta parlamentaria que su Gobierno no había recibido contestación a las alegaciones presentadas y que, ante la falta de autorización sustantiva para el referido proyecto, “no cabía interponer recurso ni instar a la suspensión cautelar”. Además, Blasco afirmaba que se había solicitado a la Administración de Castilla y León los informes recabados de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) como órgano competente en materia de gestión de caudales y control de calidad de agua en los ríos.
El pasado 23 de mayo, la Junta de Castilla y León firmó la resolución que permite la ampliación de la mina de Borobia al otorgar la concesión derivada de explotación en Borobia, provincia de Soria.
Cabe destacar que en los antecedentes de la citada resolución se menciona que, en noviembre de 2024 se remitió al Departamento de Medio Ambiente los informes de la CHE recibidos en el expediente de la concesión de la explotación.
Por ello, Sanz ha solicitado al consejero del ramo que explique las acciones que va a llevar a cabo para impedir la ejecución del proyecto de la ampliación de la mina de Borobia y sus impactos negativos en Aragón, una vez otorgada la concesión minera y aprobado el proyecto.
En cuanto a los informes de la CHE remitidos sobre las aguas que discurren por Aragón, el portavoz de Izquierda Unida solicita a Blasco que informe de los elementos más relevantes señalados en los mismos y le pregunta que, si desde la respuesta que envió a IU, su Gobierno ha realizado alguna gestión para impedir los impactos negativos de esta explotación minera.