La coalición reafirma su compromiso con una política de vivienda que ponga el derecho a techo por encima del negocio y exige a las instituciones aragonesas y estatales que actúen con urgencia para garantizar el acceso a la vivienda para todas las personas.
La calle Predicadores de Zaragoza ha sido el escenario elegido por la candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar a la presidencia del Gobierno de Aragón, Marta Abengochea, y el candidato a las Cortes de Aragón por Zaragoza, Jesús García Usón, para presentar las propuestas de la coalición en matera de vivienda. “Estamos en una calle que es un ejemplo claro de la gentrificación y la proliferación de pisos turísticos que expulsa a la gente del centro de las ciudades”, ha denunciado Abengochea para quien el acceso a una vivienda digna es una asignatura pendiente en Aragón y en el conjunto del Estado.
La cabeza de lista de la coalición recuerda que el derecho a la vivienda está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Social Europea y la Constitución Española, pero “las políticas públicas tratan la vivienda como un simple objeto de mercado, priorizando la propiedad privada y abandonando la construcción de vivienda social”.
La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha criticado la ausencia de una Ley de Vivienda autonómica en Aragón y ha señalado que “las políticas liberales han favorecido la concentración de la propiedad y el negocio inmobiliario, en lugar de garantizar el acceso a la vivienda para la mayoría social”.
Aragón se sitúa a la cola de Europa en vivienda social, con solo un 2,5%, y a esto hay que añadir que el precio de la vivienda ha subido un 58% mientras los salarios apenas un 17%, lo que, según Abengochea, “agrava la vulnerabilidad de las familias trabajadoras”.
Por su parte, Jesús García Usón ha denunciado que el gasto público en vivienda en Aragón es de los más bajos de Europa (0,1% del PIB) y que las ayudas han beneficiado más al sector inmobiliario que a las personas. Además, los fondos estatales y autonómicos no han revertido la situación, y en la Comunidad no se han implementado programas clave para personas vulnerables, mayores o con discapacidad. El candidato de la coalición también ha alertado sobre la tendencia a vender vivienda pública a fondos buitre y la falta de control sobre las viviendas turísticas, que encarecen el mercado residencial.
En su opinión, el Gobierno de Azcón se ha limitado a favorecer a las promotoras y a la especulación. Su propuesta de “power point + vivienda” se ha sostenido gracias a los fondos del Plan Estatal, que ni siquiera está siendo capaz de ejecutar. De hecho, ha aseverado, el programa de vivienda financiado con fondos de recuperación presenta el nivel de ejecución más bajo del Gobierno de Aragón ya que en noviembre no alcanzaba ni el 20%.
Ante esta situación, Izquierda Unida-Movimiento Sumar, que rechaza los incentivos fiscales a grandes propietarios y denuncia que estas medidas solo benefician a quienes ya tienen rentas altas, sin garantizar derechos ni frenar los abusos, urge la aprobación de una Ley de Vivienda en Aragón que garantice el derecho a una vivienda digna y el acceso para familias vulnerables y con rentas bajas. En este sentido, exige una política propia, ya que se trata de una competencia autonómica, con recursos propios en los presupuestos de manera estable.
Además, la coalición defiende la calificación permanente de la vivienda protegida, de modo que lo que nace público siga siendo público, así como la rehabilitación de viviendas existentes y la movilización de viviendas vacías. También propone regular las viviendas de uso turístico en zonas tensionadas, expropiar en casos de fraude o mantenimiento de viviendas públicas desocupadas, y destinar hasta el 1% del presupuesto autonómico a políticas de vivienda pública.
Entre sus propuestas destacan la creación de un parque público de vivienda en alquiler, el impulso de políticas específicas para el cooperativismo en cesión de uso, la inclusión de la vivienda como necesidad básica en la normativa de Servicios Sociales, la prevención de desahucios y la concesión de subvenciones a la eficiencia energética para familias vulnerables.