Todos los grupos parlamentarios han aprobado una Proposición No de Ley de Izquierda Unida, mostrando el respaldo institucional a la plantilla afectada
Izquierda Unida ha defendido hoy en la Comisión de Economía, Competitividad y Empleo de las Cortes de Aragón una Proposición No de Ley basada en la iniciativa presentada por las trabajadoras y trabajadores de Zelenza CEX con el objetivo de reclamar el apoyo de las Cortes a la plantilla en Zaragoza. Todos los grupos parlamentarios han votado a favor de la iniciativa, que busca demostrar el compromiso institucional con el sector del Contact Center y con los trabajadores y trabajadoras de Zelenza CEX.
La iniciativa tiene su origen en el escrito registrado el pasado 12 de marzo por representantes de la plantilla de Zelenza CEX, acompañadas por distintos grupos parlamentarios, en el que solicitaban un compromiso político ante la grave situación que atraviesa el sector en Aragón. Ante la negativa de la Junta de Portavoces a aprobar una declaración institucional de apoyo, Izquierda Unida asumió el contenido de aquella propuesta para trasladarla al debate parlamentario.
La formación ha denunciado que el conflicto de Zelenza CEX representa uno de los ejemplos más preocupantes de deslocalización empresarial y vulneración de derechos laborales registrados en los últimos años en Aragón. El origen del problema se sitúa en la decisión de Wizink Bank de adjudicar el servicio de atención telefónica que se prestaba desde Zaragoza a la empresa portuguesa Marktel Serviços Globais Unipessoal LDA, trasladando la actividad a Portugal y evitando así la subrogación de las 121 personas trabajadoras que desempeñaban estas funciones.
La plantilla afectada llevaba más de una década prestando servicio para Wizink y había logrado mantener unas condiciones laborales superiores a las habituales en el sector gracias a la negociación colectiva, incluyendo medidas de teletrabajo y otros derechos sociales.
La coordinadora general de Izquierda Unida Aragón y portavoz parlamentaria, Marta Abengochea, ha señalado que “se ha generado un limbo jurídico ya que no se ha producido una subrogación efectiva de las contrataciones, pero tampoco un despido colectivo formal, dejando a la plantilla sin la protección laboral que correspondería en cualquiera de ambos supuestos”.
Actualmente, la plantilla se encuentra inmersa en distintos procedimientos judiciales. A las demandas colectivas ya presentadas se suman numerosas reclamaciones individuales en las que se solicita el reconocimiento de la subrogación obligatoria, la existencia de una posible cesión ilegal de trabajadores o, en su defecto, las correspondientes indemnizaciones por despido improcedente o nulo.
Izquierda Unida ha advertido además de que este caso puede sentar un precedente muy peligroso para un sector que se encuentra cada vez más amenazado por los procesos de deslocalización. “Seguiremos trabajando y apoyando a las trabajadoras de un sector muy feminizado, en edades de difícil empleabilidad, que se ve amenazado por su deslocalización, dentro de la UE, como este caso, o fuera de la UE como ocurre con Majorel, que en 6 años va a pasar de una plantilla de 200 empleos a 260”, ha afirmado la portavoz parlamentaria.