Zaragoza, 15 de diciembre de 2025.- Los centros de datos han sido el objeto de debate de la última iniciativa que Izquierda Unida ha defendido esta legislatura en las Cortes de Aragón. Nuestro portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha defendido hoy una moción en la que ha planteado la necesidad de “parar y pensar” antes de seguir autorizando la implantación masiva de centros de datos en la Comunidad. Sanz ha presentado una iniciativa que instaba al Gobierno de Aragón a establecer una moratoria para nuevos proyectos hasta que la Comisión Especial de Estudio emita sus conclusiones.
Durante su intervención, Sanz ha alertado sobre la “velocidad 5G” con la que avanza esta industria “sin regulación ni planificación”, recordando que en apenas cinco años se ha pasado de tres proyectos anunciados en 2019 a 35 iniciativas en distintas fases, con una potencia prevista de hasta 7.000 MW. “No es oro todo lo que reluce”, ha advertido, subrayando que estos centros son altamente demandantes de suelo, agua y energía, pero generan muy poco empleo. De los 1.500 puestos prometidos por Amazon, apenas se ha confirmado un centenar.
El portavoz de Izquierda Unida ha cuestionado la declaración de Interés General de Aragón (PIGA) para estas instalaciones, denunciando que se está “abusando de una figura extraordinaria para favorecer intereses empresariales” sin garantizar beneficios reales para el territorio. “Si se consolidan todos los proyectos, el consumo eléctrico se multiplicará por cinco, y solo Amazon o Microsoft consumirán tanta energía como toda la economía aragonesa que sostiene 620.000 empleos”, ha señalado.
Sanz ha reclamado un debate social y político serio y plural para evitar daños irreversibles y ha recordado que esta industria podría requerir el equivalente a 360 parques eólicos o 40.000 hectáreas de placas fotovoltaicas, compitiendo por el acceso a la red eléctrica y dificultando la implantación de proyectos que sí generan empleo.
La moción presentada por Izquierda Unida proponía: Moratoria para nuevos centros de datos hasta que la Comisión Especial de Estudio emita sus conclusiones; no declarar el Interés General de Aragón para nuevas solicitudes; transparencia sobre consumo energético, hídrico y empleo generado; mecanismos de compensación para los municipios afectados y destinar ingresos a una transición energética justa. De estos puntos, la Cortes han apoyado el tercero, el relativo a reforzar los mecanismos que aporten mayor transparencia e información sobre los proyectos de centros de datos de consumo energético, consumo de agua y empleo generado en la fase operativa, incluyendo los grupos profesionales y rangos salariales de los mismos.