Zaragoza, 3 de noviembre de 2025.- Izquierda Unida ha registrado esta mañana en las Cortes de Aragón una pregunta dirigida a la consejera de Bienestar Social y Familia, sobre las condiciones económicas del pliego del Centro de Educación e Internamiento de Menores por medida judicial de Juslibol. Para IU, el documento presenta “importantes lagunas” que comprometen la viabilidad del contrato y la calidad del servicio.
Su portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, denuncia que el pliego no incluye referencia alguna a los gastos de luz, agua y gas del centro, a pesar de que la prensa ha informado de que dichos costes serán asumidos por la Administración. Además, la partida destinada a insumos no alcanza los 700.000 euros para los 2 años de contrato, una cifra que se justifica en base a costes habituales, aunque, en 2024, la anterior adjudicataria intentó renunciar al contrato por un déficit acumulado de 800.000 euros que el Departamento no reconoció.
Izquierda Unida también cuestiona la inclusión de 90.000 euros bajo el concepto de “gastos generales de la entidad adjudicataria”, sin especificación clara, y advierte que el beneficio industrial del 5 %, que supondría unos 350.000 euros, no aparece desglosado en el contrato. IU recuerda que FAIM, actual adjudicataria, ha decidido no presentarse al nuevo proceso, lo que incrementa la preocupación sobre qué entidades podrían asumir la gestión en estas condiciones y cómo ello afectará a la atención integral que requieren los menores.
Por todo ello, Sanz ha solicitado información detallada sobre los costes asumidos directamente por el Gobierno de Aragón, el desglose de los gastos estimados en alimentación, limpieza, mantenimiento, lavandería, actividades educativas y socioeducativas, materiales, informática y farmacia, así como una explicación clara de los conceptos incluidos en los “gastos generales” y del origen presupuestario del beneficio industrial.
Izquierda Unida exige al Gobierno de Aragón transparencia en la gestión de este contrato y garantías de que la financiación es suficiente para asegurar un servicio “digno, profesional y estable”. “La atención a menores en situación de vulnerabilidad no puede estar sujeta a incertidumbres presupuestarias ni a fórmulas opacas que dificulten el control público”, concluye el diputado.