Denuncian un presunto caso de abuso de poder y tráfico de influencias en el que estaría implicada la concejala Verónica Alins. Reclaman una investigación independiente, explicaciones públicas y la asunción inmediata de responsabilidades políticas.
Izquierda Unida Bajo Cinca ha manifestado su rechazo y preocupación por las informaciones que apuntan a un presunto caso de abuso de poder y tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Fraga, en el que estaría implicada la concejala Verónica Alins, miembro del equipo de gobierno. De confirmarse, los hechos supondrían un ataque grave a la confianza ciudadana en las instituciones y cuestionarían la ejemplaridad que se debe exigir a cualquier cargo público.
La organización ha señalado que este tipo de situaciones reflejan una forma de entender la política que resulta inaceptable: la de quienes creen que las instituciones pueden usarse en beneficio privado o familiar. Mientras la ciudadanía cumple con las normas y asume sanciones, la existencia de posibles privilegios o tratos de favor genera una peligrosa desafección hacia lo público.
El coordinador de Izquierda Unida Bajo Cinca, Salva Noguero, ha afirmado:
“Esto no es un error menor, sino una situación que, de confirmarse, sería muy grave. En Fraga no podemos permitir que se normalice el uso del cargo público para fines particulares, porque eso destruye la confianza en la política y en las instituciones. La decencia debe ser la norma en la vida pública y no la excepción”.
En la misma línea, Vicente Guerrero, coordinador de Izquierda Unida Alto Aragón, ha declarado: “Lo que está en juego aquí es la credibilidad de la política. Cuando la gente percibe que existen privilegios o influencias indebidas, la democracia se resiente. Por eso creemos que se deben depurar responsabilidades políticas con celeridad y poner en marcha protocolos que impidan que casos como este puedan repetirse. Desde Izquierda Unida seguiremos trabajando por una política limpia, transparente y al servicio de la ciudadanía”.
Izquierda Unida reclama la apertura de una investigación transparente e independiente que aclare lo sucedido, así como explicaciones públicas y claras por parte del alcalde y del equipo de gobierno. La organización subraya que la máxima transparencia es el único camino para recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar que ninguna actuación quede bajo sospecha.
“No vamos a tolerar la normalización de conductas que puedan interpretarse como privilegios”, señalan desde Izquierda Unida. “Este caso no puede despacharse como un simple malentendido, sino que exige rigor, ejemplaridad y compromisos claros con la ética pública. Frente a la política de los favores, defendemos la política de la decencia, al servicio de las mayorías sociales y de la justicia social”.