Reclaman recuperar la Comisión de Estudio sobre los centros de datos, anuncian el respaldo de Izquierda Unida a las alegaciones sociales al PIGA de Microsoft y defienden una regulación que garantice que el consumo de agua, energía y territorio no se anteponga a las necesidades de la población.
Izquierda Unida Aragón ha reclamado este miércoles en las Cortes de Aragón abrir de manera urgente un debate político y social sobre la expansión de los centros de datos ante el crecimiento previsto del sector y sus consecuencias sobre el consumo de energía y agua, la ocupación del territorio, el despliegue de renovables y la capacidad de la red eléctrica.
La coordinadora general de Izquierda Unida Aragón y portavoz parlamentaria, Marta Abengochea, ha advertido de que “no podemos permitir que Aragón se convierta en un territorio de sacrificio en el que las grandes corporaciones tecnológicas consuman nuestros recursos mientras los beneficios económicos, sociales y laborales que dejan aquí son muy inferiores a los impactos que generan”.
Abengochea ha recordado que estas cuestiones deberían haberse abordado en la Comisión de Estudio sobre los centros de datos cuya creación aprobaron las Cortes de Aragón en abril de 2025 y que no llegó a desarrollar sus trabajos por el adelanto electoral. Por ello, Izquierda Unida volvió a registrar a principios de julio la iniciativa para constituirla durante la actual legislatura.
“¿Son los centros de datos tan beneficiosos como nos dice Azcón? ¿Cuánto empleo van a crear realmente? ¿Qué efectos tendrán sobre el territorio, el agua y la energía? ¿Todos estos proyectos responden de verdad al interés general? ¿Y qué justifica los privilegios administrativos, fiscales, urbanísticos y expropiatorios que se les están concediendo?”, ha planteado Abengochea. “Son preguntas que Aragón tiene derecho a responder antes de hipotecar una parte importante de sus recursos”.
Izquierda Unida ha señalado que actualmente solo están en funcionamiento tres centros de datos de una potencia reducida frente al conjunto de alrededor de 35 proyectos que se encuentran en distintas fases de desarrollo. Las previsiones planteadas supondrían multiplicar por seis el consumo eléctrico actual de Aragón, sin que exista una previsión equivalente de crecimiento del empleo o de la riqueza generada en el territorio.
La formación advierte de que atender esta nueva demanda energética exigiría un enorme despliegue adicional de generación renovable, equivalente a unas 360 centrales eólicas o alrededor de 40.000 hectáreas de placas fotovoltaicas, con las correspondientes consecuencias ambientales, territoriales y sociales.
“Aragón necesita industria, empleo estable y proyectos que permitan vivir y trabajar en nuestros pueblos y ciudades. Lo que no necesita es entregar suelo, agua y energía prácticamente sin condiciones a grandes multinacionales para proyectos con un enorme consumo de recursos y una creación limitada de puestos de trabajo”, ha señalado Abengochea.
Respaldo a las alegaciones al PIGA de Microsoft
En este contexto, Izquierda Unida Aragón ha anunciado su respaldo a las alegaciones individuales y colectivas presentadas por organizaciones sociales contra el PIGA promovido por Microsoft para sus tres centros de datos proyectados en Puerto Venecia, La Muela y Villamayor.
Entre otras cosas, las alegaciones cuestionan la insuficiencia del análisis de alternativas, la ausencia de un estudio de proyectos de menor escala o ubicaciones diferentes y la falta de una evaluación adecuada de los efectos acumulativos que tendrá la concentración de centros de datos proyectados y autorizados en Aragón.
También ponen en duda la valoración realizada sobre los impactos en el consumo de agua y energía, la biodiversidad, la temperatura, la calidad del aire y el cambio climático, así como la propia consideración del proyecto como de interés general.
“Declarar un proyecto de interés general no puede convertirse en una puerta automática para conceder privilegios a cualquier gran corporación que quiera instalarse en Aragón”, ha defendido Abengochea. “El interés general tiene que demostrarse y debe medirse por lo que aporta al conjunto de la sociedad aragonesa, no por los intereses particulares de una multinacional”.
Izquierda Unida comparte asimismo la preocupación expresada en las alegaciones por la falta de transparencia y las deficiencias en los mecanismos de participación pública, así como los interrogantes jurídicos sobre la declaración del PIGA, las exenciones fiscales o la capacidad expropiatoria asociada a estos proyectos.
Una regulación necesaria que debe ser más exigente
Izquierda Unida también ha valorado positivamente que el Gobierno de España haya sometido a información pública el proyecto de Real Decreto destinado a regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos, aunque considera necesario reforzar sustancialmente su contenido.
Abengochea ha criticado la reacción del Gobierno de Aragón y la confrontación abierta por el presidente Jorge Azcón y la consejera Eva Valle ante cualquier intento de establecer límites al crecimiento del sector. En este sentido, ha valorado las declaraciones de la Vicepresidenta Mar Vaquero, quien ha afirmado esta mañana que se está trabajando en una “regulación más estricta y selectiva” de las plantas de biometano mientras sigue pendiente la planificación energética y de despliegue de las renovables en Aragón, ante un decreto que va a exigir una mayor expansión de las mismas.
“Mientras cada vez existen más evidencias de los enormes impactos que puede provocar una expansión descontrolada, Azcón sigue actuando como comercial de las grandes tecnológicas. Aragón necesita un Gobierno que defienda sus recursos y los intereses de su población, no uno que compita por ver quién ofrece más facilidades, menos controles y más privilegios a los fondos de inversión y las multinacionales”, ha afirmado.
Izquierda Unida considera necesario que la regulación estatal garantice que los centros de datos conectados mediante líneas directas también estén sujetos a las mismas obligaciones; establezca límites más exigentes al consumo de agua, especialmente en territorios sometidos a estrés hídrico; y someta obligatoriamente los grandes proyectos a evaluación ambiental ordinaria para estudiar sus impactos acumulativos.
La formación propone que se priorice el acceso a la red para la electrificación industrial y las necesidades de la población, que se establezcan distancias mínimas respecto a núcleos residenciales y que existan instrumentos públicos y eficaces para conocer sus consumos reales de agua y electricidad.
Izquierda Unida plantea igualmente que estos complejos no dependan de las redes municipales de abastecimiento y depuración, sino que deban solicitar sus propias concesiones al organismo de cuenca correspondiente, evitando trasladar a los municipios los riesgos y costes derivados de instalaciones privadas de enorme consumo.
“El debate no es tecnología sí o tecnología no. El debate es quién decide, quién se beneficia y quién paga las consecuencias”, ha concluido Abengochea. “Queremos desarrollo tecnológico, pero compatible con la protección del territorio, con empleos de calidad, con nuestra soberanía energética y digital y con las necesidades de la población. Los recursos de Aragón tienen que servir primero para garantizar una vida digna y un futuro para quienes vivimos aquí, no para alimentar una burbuja especulativa”.