Zaragoza, 22 de octubre de 2025. – Izquierda Unida presentará mañana miércoles en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón una Proposición no de Ley con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema sanitario público aragonés.
La iniciativa, defendida por su portavoz Álvaro Sanz, parte de la constatación de que, a pesar de los avances legislativos, el derecho al aborto sigue enfrentando múltiples obstáculos en la Comunidad. “La interrupción voluntaria del embarazo solo se lleva a cabo, para todo Aragón, en una única clínica concertada ubicada en Zaragoza, lo que refuerza el estigma y aleja este derecho de la atención sanitaria ordinaria”, ha señalado el diputado.
La formación política y social reclama en esta iniciativa al Gobierno de Aragón la creación urgente del registro de personas objetoras de conciencia, tal y como exige la Ley Orgánica 1/2023 y el protocolo aprobado en el Consejo Interterritorial en diciembre de 2024. Cabe destacar que Aragón es una de las cuatro comunidades que aún no han habilitado este registro, junto a Asturias, Baleares y Madrid, lo que ha motivado un requerimiento formal del Gobierno central.
Además, Izquierda Unida denuncia que las mujeres migrantes siguen enfrentando trabas administrativas para acceder a la IVE, como la exigencia de tres meses de empadronamiento ininterrumpido, lo que “vulnera el principio de igualdad en el acceso a la sanidad pública”, explica Sanz.
La iniciativa incluye cuatro medidas concretas: Habilitar el registro de objetores de conciencia antes de que finalice 2025; garantizar la práctica del aborto en el hospital del sector sanitario correspondiente; eliminar las trabas burocráticas que dificultan el acceso a la IVE; instar al Gobierno de España a incorporar el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución como un derecho libre, informado, pleno y universal.
“Es momento de consolidar derechos y establecer los mecanismos necesarios para hacerlos efectivos. El aborto debe dejar de ser una excepción y pasar a formar parte de la atención sanitaria normalizada”, ha concluido.