Izquierda Unida exige al Gobierno de Aragón que atienda de forma urgente las reivindicaciones de las personas que realizan su trabajo en los centros de protección y reforma de Aragón para garantizar unas condiciones laborales dignas y seguras.
Su Coordinador General y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha comparecido en rueda de prensa en las Cortes de Aragón junto a Guillermo Esteban y Héctor García, en representación de la Plataforma por un Convenio Autonómico para Protección y Reforma de Menores en Aragón.
Sanz ha tachado de “vergonzosa” la situación a la que se enfrenta este colectivo profesional y la ausencia de compromisos por parte del Gobierno de Aragón para atender sus reivindicaciones, empezando por “un convenio justo”. El diputado de IU ha recalcado que la precariedad con que realizan su trabajo se pone de manifiesto cuando suceden hechos como el asesinato de una educadora en Badajoz el pasado mes de marzo.
Por su parte, Guillermo Esteban ha comenzado su intervención advirtiendo de una situación que parece “lógica” pero que no ocurre y es que ningún profesional de este sector debe trabajar solo en ningún centro. En cuanto a las reuniones que la plataforma ha mantenido con el Gobierno de Aragón, Esteban ha criticado que solo les ha ofrecido instalar un botón del pánico y reorganizar los turnos de forma que un trabajador del turno de mañana pase a la noche, lo que, en su opinión, “demuestra una falta de compromiso con la protección de menores y un desprecio a las y los trabajadores”.
En este sentido, ha denunciado que este colectivo profesional continúa en las mismas condiciones de forma crónica demasiado tiempo, en alusión a una precariedad preocupante, con recursos mínimos, y ha reiterado que se está “desoyendo la obligación de velar por el interés superior del menor”. Además, ha recordado que “cualquiera no puede desempeñar esta responsabilidad como está sucediendo por lo que es fundamental la regulación profesional de este sector”.
Según el portavoz parlamentario de Izquierda Unida Aragón, el Gobierno es conocedor de las deficientes condiciones laborales en este importante servicio público que ponen en riesgo tanto a los profesionales como a los menores atendidos. En este sentido, Sanz ha reclamado al Ejecutivo que lleve a cabo la revisión inmediata en cada contrato o concierto de las ratios de personal, estableciendo las ratios adecuadas según la categoría profesional en los diferentes turnos de trabajo, garantizando que en todos los turnos hay al menos dos personas trabajando conjuntamente antes de junio de 2025 y haga una evaluación de riesgos acorde a las características de los diferentes centros y la implementación de medidas de seguridad efectivas a tenor de los riesgos detectados.
El diputado planteará estás medidas en una proposición no de ley que se debatirá mañana martes, 13 de mayo, en la Comisión de Bienestar Social en la que, además, incluye otras propuestas como que el Gobierno aragonés establezca en el nuevo acuerdo de acción concertada las condiciones económicas necesarias para garantizar la mejora de las condiciones salariales de los profesionales de los centros de protección y reforma, comprometiéndose a la financiación pública necesaria para la aplicación del futuro Convenio Colectivo Autonómico que actualmente se está negociando.
Asimismo, Sanz considera imprescindible la evaluación de las necesidades educativas y terapéuticas de la población atendida para llevar a cabo una provisión de recursos adecuados para la atención de menores con perfiles complejos y que se exija a las entidades, con las que externalizan estos servicios, la reevaluación de los planes de prevención de riesgos de cada centro para que se integren de forma más adecuada los riesgos psicosociales y las medidas para garantizar la salud de los profesionales.
Para poder desarrollar estas medidas, Izquierda Unida pide que se generen “mesas tripartitas” entre administración, entidades gestoras y representantes de los trabajadores del sector para garantizar una visión integral de las necesidades y medidas acordes con ésta.