Zaragoza, 24 de julio de 2025 – Izquierda Unida Aragón ha denunciado hoy en rueda de prensa la actitud del Gobierno de Aragón tras conocerse que la Audiencia Nacional ha desestimado los recursos presentados por el Ejecutivo autonómico contra la convocatoria de la Conferencia Sectorial impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia. Esta resolución judicial, que además impone el pago de costas por valor de 3.000 euros, supone, según su portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, “una primera sentencia que confirma la temeridad y mala fe con la que está actuando la consejera Susín”.
El diputado de Izquierda Unida ha exigido que la consejera de Bienestar Social y Familia asuma personalmente el coste de las costas judiciales, “por haber actuado de forma irresponsable y con una clara voluntad de obstrucción”. Y ha calificado esta estrategia del Partido Popular como una «judicialización sistemática» que busca justificar una «insumisión reaccionaria» frente a los principios de solidaridad y defensa de los derechos humanos.
Sanz ha criticado duramente las declaraciones realizadas por la consejera tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer, calificándolas de “inaceptables” y “rayando el racismo institucional”, al criminalizar a menores migrantes y contribuir a una falsa alarma social.
Asimismo, el también Coordinador general de IU Aragón ha denunciado la “falta de transparencia” del Gobierno autonómico, acusándolo de ocultar datos tanto a las Cortes como al Ministerio y a los medios de comunicación. “La señora Susín volvió a mentir sobre las cantidades que iba a percibir para la acogida de los 251 menores, ocultando información clave sobre el sistema público de protección”, ha señalado el portavoz.
Por otra parte, Izquierda Unida ha advertido que el verdadero colapso del sistema de protección de menores se debe a decisiones como el cierre de centros (Lanuza I, el dispositivo residencial terapéutico, y próximamente Lanuza II), la invisibilización de las 140 plazas del programa 17 Plus diseñadas para la acogida de menores adolescentes, los recortes presupuestarios de 6,8 millones de euros en marzo, y la precariedad laboral a la que someten a los profesionales del sector.
“Hace un año que el Ministerio trabaja para buscar soluciones solidarias y coordinadas entre Comunidades Autónomas. Frente a ello, el PP solo ha ofrecido bloqueo, opacidad y discursos alarmistas”, ha concluido Sanz quien ha exigido al Gobierno de Aragón que rectifique, abandone su actitud “insumisa” y se centre en garantizar los derechos de la infancia más vulnerable, especialmente la infancia migrante.