La situación es especialmente grave en Calatayud, donde la falta de personal médico y de enfermería en el Hospital Ernest Lluch compromete seriamente la continuidad de la atención sanitaria. Mientras los sindicatos alertan del colapso, PP y Vox se oponen a la búsqueda de medidas urgentes para reforzar la sanidad pública en la comarca
El grupo En Común-Izquierda Unida en la Diputación Provincial de Zaragoza denuncia la actitud obstruccionista de PP y Vox, que una vez más han impedido avanzar en la mejora de la sanidad pública en Aragón. Durante el pleno celebrado ayer, el Partido Popular se abstuvo y Vox votó en contra de una moción que proponía una serie de medidas para reforzar la sanidad pública y paliar el grave déficit de personal sanitario en hospitales comarcales y zonas rurales de la provincia.
Especialmente sangrante fue la oposición al punto 3 de la moción, que instaba al Gobierno de Aragón a “acabar con la externalización de prestaciones sanitarias públicas del Servicio Aragonés de Salud”. Esta negativa evidencia, una vez más, la complicidad ideológica de PP y Vox con un modelo de gestión que prioriza el beneficio privado por encima del derecho a la salud, que es la principal causa de la falta de personal público en los hospitales de las zonas rurales.
Durante su intervención, la diputada Nerea Marín (En Común-Izquierda Unida) fue contundente: “Azcón acelera la privatización de la Sanidad aragonesa para beneficio de empresas afines al PP, sumando la privatización encubierta de consultas médicas y procesos quirúrgicos en los hospitales de Calatayud, Barbastro, Teruel y Huesca.”
Marín denunció cómo el deterioro intencionado de la sanidad pública busca justificar, con el tiempo, la llamada “colaboración público-privada”, que no es más que una transferencia de fondos públicos a empresas privadas como el Grupo Quirón y Ribera Salud, cercanas al PP. “Estamos asistiendo a un modelo encubierto de privatización de servicios esenciales —consultas externas, intervenciones quirúrgicas, incluso los archivos clínicos—, con el objetivo de desmantelar la sanidad pública sin levantar demasiado ruido”, afirmó.
La moción ha salido adelante, con el rechazo de las derechas, y recogía propuestas concretas y viables para afrontar la emergencia sanitaria que atraviesa la provincia de Zaragoza: cobertura urgente de vacantes en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud, refuerzo estructural frente a las listas de espera, y medidas de fidelización del personal sanitario, especialmente en el medio rural. Aragón arrastra un déficit de 250 médicos de Atención Primaria y más de 1.500 enfermeras, situación que afecta gravemente a la calidad asistencial y a la sobrecarga de los profesionales en activo.
“La falta de personal no se resuelve externalizando servicios, se resuelve contratando más profesionales, mejorando las condiciones laborales y apostando por una sanidad pública sólida y bien financiada”, remarcó Marín. En cambio, PP y Vox votaron en contra también en las Cortes de Aragón de una propuesta para “garantizar una prestación sanitaria pública adecuada en el Hospital de Calatayud”.
Para Izquierda Unida, resulta intolerable que se utilice la falta de personal como excusa para abrir la puerta a empresas privadas mientras se bloquean propuestas que buscan reforzar el sistema público desde dentro. “La salud no puede ser un negocio. Sin profesionales no hay sanidad pública de calidad. O la defendemos ahora o lo lamentaremos después”, concluyó Marín.
Izquierda Unida continuará defendiendo un modelo de sanidad pública, universal y de calidad, especialmente en el medio rural, donde el abandono institucional pone en peligro derechos básicos.