La formación exige al Gobierno de Aragón que refuerce de forma urgente la atención primaria, regularice las plantillas y ponga fin a una práctica que considera ilegal y que deteriora la calidad asistencial
Izquierda Unida ha denunciado la grave situación que atraviesa la atención primaria en Aragón, donde más de 150 médicos de familia están ejerciendo sin contar con la especialidad correspondiente, y acusa al Partido Popular de infravalorar y potenciar el deterioro de la atención primaria mediante el retraso de oposiciones.
Según los datos del último presupuesto del Gobierno de Aragón, la atención primaria supone el 13% del gasto sanitario, “muy lejos del 25% del presupuesto que se recomienda”, ha afirmado la coordinadora general y portavoz parlamentaria de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea. Desde la formación advierten de que la atención primaria es esencial en el sistema sanitario público, garantizando la salud mediante la prevención y el seguimiento continuado.
Señalan que Aragón arrastra un déficit estructural de profesionales, con al menos 70 plazas sin cubrir en 2025, y critica que la respuesta del Ejecutivo autonómico haya sido permitir que médicos sin la especialidad vía MIR ocupen estos puestos. “Es la única especialidad sanitaria en la que se permite ejercer sin la formación específica. Nadie aceptaría ser operado por un cirujano sin especialidad, pero se está normalizando en la atención primaria”, ha explicado Abengochea.
Izquierda Unida subraya que esta práctica, que ya se daba en la sanidad privada, “no puede trasladarse al sistema público”, y recuerda que el Ministerio de Sanidad está preparando un plan para corregir esta situación, que consideran irregular y responsabilidad directa de los gobiernos autonómicos, encargados de las contrataciones.
Además, la formación rechaza el argumento de la falta de profesionales y apunta a un problema de condiciones laborales y planificación. “Las plazas estables se cubren mayoritariamente; el problema está en la precariedad, la temporalidad y la falta de incentivos”, ha explicado la coordinadora general de Izquierda Unida Aragón.
En este contexto, critican también la gestión del Gobierno de Aragón en materia de empleo público sanitario. “El Ejecutivo ha retrasado hasta noviembre de 2025 la convocatoria de oposiciones que acumulan las ofertas de 2022, 2023 y 2024, y en lo que llevamos de 2026 siguen sin resolverse. No se puede cubrir una necesidad urgente con procesos que llegan cuatro años tarde”, han denunciado.
Izquierda Unida alerta de que la situación puede agravarse en los próximos años debido al incremento de jubilaciones, lo que hace aún más urgente una planificación eficaz. “Conformarse con que haya alguien detrás de una mesa para aparentar que el servicio está cubierto no es gestión sanitaria, es un desprecio a la especialidad y a la ciudadanía”, han afirmado.
La formación advierte de que el valor del sistema sanitario público reside precisamente en la cualificación de sus profesionales y rechaza cualquier intento de rebajar los estándares. “No se trata solo de cubrir puestos, sino de garantizar una atención de calidad. Rebajar los requisitos formativos es poner en riesgo uno de los pilares de nuestro sistema sanitario”, añaden.
Ante esta situación, Izquierda Unida exige un cambio de rumbo inmediato y plantea una batería de medidas para reforzar la atención primaria: en primer lugar, convocatorias de oposición continuadas y ágiles que permitan cubrir las plazas estructurales en menos de un año; además, un incremento de las plantillas en los centros de salud saturados para garantizar atención en un plazo máximo de 24 horas; y, por último, un refuerzo de los recursos y de la capacidad asistencial para asegurar el seguimiento integral de los pacientes.
Desde Izquierda Unida insisten en que la defensa de una sanidad pública fuerte pasa necesariamente por dignificar la atención primaria y garantizar que todos los profesionales cuenten con la especialización adecuada. “La salud no puede depender de parches ni de soluciones precarias. Es una cuestión de derechos y de justicia social”, han concluido.


