Zaragoza, 31 de octubre de 2025.- Izquierda Unida Aragón considera “profundamente partidistas” las declaraciones realizadas por la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, en relación con la acogida de menores migrantes no acompañados. Susín ha acusado al Ministerio de Juventud e Infancia de mentir sobre la financiación y los criterios de reparto, ignorando deliberadamente la normativa vigente y los datos oficiales.
Su portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, recuerda que el Gobierno autonómico conoce perfectamente los criterios objetivos establecidos en el Real Decreto-ley 2/2025, publicado en el BOE, que regula la reubicación de menores en función de la población de cada territorio. En el caso de Aragón, la capacidad ordinaria se ha fijado en 441 plazas, un cálculo técnico y proporcional que no implica una saturación del sistema, como ha querido hacer creer la consejera. “441 plazas en total, es un número muy ajustado para disponer de un sistema de protección de menores garantista en nuestra Comunidad”, ha señalado el diputado.
Según Sanz, todas las Comunidades Autónomas, a pesar de la “mentira reiterada de la consejera Susín”, responden a los mismos criterios y la diferencia respecto a otras es el trabajo previo ya que, mientras algunos territorios tienen sistemas dimensionados con su población, “nuestro sistema es opaco y ha ido perdiendo capacidad, reduciéndose respecto a las dimensiones que le corresponde por población”.
Además, el Ministerio ha confirmado que Aragón recibirá este año un 200% más de financiación respecto al ejercicio anterior, y que las partidas se han incrementado más de un 250% desde 2021. Esta aportación extraordinaria se suma a las transferencias ordinarias, que en 2025 han alcanzado cifras “históricas”. “Por tanto, sí hay recursos suficientes, y lo que falta es voluntad política para destinarlos a garantizar derechos en lugar de hacer regalos fiscales a las rentas más altas que es lo que prioriza este Gobierno”, ha apuntado Sanz.
Por todo ello, Izquierda Unida denuncia que el Gobierno de Azcón ha optado por judicializar el proceso, perdiendo todos los recursos interpuestos ante los tribunales, lo que ha supuesto un coste económico y reputacional para Aragón. En lugar de dimensionar adecuadamente el sistema de acogida, el Ejecutivo autonómico ha preferido “alimentar un discurso xenófobo y de confrontación institucional” que no representa la voluntad del pueblo aragonés, sino “los intereses partidistas del PP que se dedica a hacer oposición en lugar de a gobernar”.
En su opinión, “cada vez que el Gobierno de Aragón pierde un recurso judicial, lo paga la ciudadanía aragonesa. Es hora de dejar de utilizar a los menores migrantes como arma política y empezar a trabajar con responsabilidad y humanidad”.
Izquierda Unida exige al Gobierno de Aragón que abandone la confrontación y se sume a un modelo de acogida basado en la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la legalidad. “La infancia migrante merece protección, no estigmatización y el sistema de menores de nuestra Comunidad necesita ser dotado de manera adecuada y acabar con la opacidad actual para garantizar que tenemos la capacidad suficiente para dar respuesta a las necesidades de la infancia más vulnerable”, ha concluido.