Zaragoza, 16 de julio de 2025.- El Coordinador general de Izquierda Unida Aragón, Álvaro Sanz, ha asistido a la reunión convocada por el presidente Jorge Azcón «por respeto institucional», aunque ha calificado el encuentro como «una escenificación más en el marco de una función de confrontación y, a nuestro juicio, de política estéril, política que, desde luego, sirve para más bien poco».
Sanz ha criticado la falta de rigor en las cifras presentadas por el Gobierno autonómico, señalando que «no hay ninguna letra pequeña que nos permita llegar a las conclusiones con cifras que se plantean o que el señor Azcón ha planteado». En este sentido, ha denunciado que «no nos ha sabido explicar cómo salen esos doscientos y pico millones, como tampoco ha sabido explicar nunca de dónde se sacan las cifras cuando dice que cualquier acuerdo en Cataluña implica siempre una merma».
El también portavoz parlamentario ha calificado esta actitud como «un ejercicio de cinismo poco propio y poco riguroso» por parte del Ejecutivo aragonés, y ha instado al Gobierno a abandonar la confrontación estéril y a centrarse en aportar propuestas concretas para el nuevo modelo de financiación autonómica.
«Lo que debería estar haciendo el Gobierno de Aragón es aportar los elementos que se tienen que tener en cuenta en el nuevo y necesario modelo de financiación autonómica», ha subrayado Sanz. IU Aragón defiende una financiación que «sume y no reste en ese debate», y que se base en principios de federalismo, multilateralidad, suficiencia y solidaridad entre territorios.
Ante el reciente acuerdo entre PSOE y ERC para avanzar en la autonomía fiscal de Cataluña, Sanz recuerda que el modelo actual, vigente desde 2009, ha generado desigualdades profundas. “El sistema no funciona”, advierte, “pero no se pueden buscar atajos o soluciones particulares que generen nuevas distorsiones”.
IU plantea una propuesta estructurada en tres fases. La reducción condicionada de la deuda autonómica con el Estado en un plazo de ocho años; una Reforma fiscal progresiva, incluyendo un impuesto real a las grandes fortunas, revisión del impuesto de sucesiones y donaciones, y eliminación de la capacidad autonómica para modificar mínimos personales y familiares en el IRPF; la garantía de un suelo mínimo de servicios públicos: 8% del PIB para Sanidad, 6% para Educación y 3% para Servicios Sociales.
Además, propone revisar el indicador de población ajustada y sus ponderaciones, rechaza el principio de ordinalidad si entra en conflicto con la solidaridad territorial, y defiende un modelo multilateral con participación de todas las comunidades autónomas. Para la formación política, el Gobierno de coalición progresista no debería dejar pasar la oportunidad de abordar una reforma del sistema de financiación autonómica que refuerce los servicios públicos y la cohesión social en todo el Estado.
