Exigen al Gobierno de Aragón que acabe con la precariedad laboral del nuevo contrato del transporte sanitario, que mantiene los mismos salarios desde 2018, y piden que se refuerce estructuralmente la valoración de la discapacidad.
Izquierda Unida de Aragón ha denunciado el deterioro de la sanidad y el uso del dinero público para alimentar beneficios empresariales a costa de las personas. Dos cuestiones recientes —la formalización del nuevo contrato del transporte sanitario programado y la falta de refuerzo estable en la valoración de la discapacidad— evidencian, según la formación, la deriva mercantilista del Gobierno de Aragón en materias esenciales.
“Nos encontramos con una administración que renuncia a garantizar derechos básicos, como el transporte sanitario digno y el reconocimiento de la discapacidad, mientras permite que empresas privadas se lucren con fondos públicos sin mejorar las condiciones laborales ni los servicios”, ha afirmado Álvaro Sanz, coordinador de Izquierda Unida Aragón y portavoz parlamentario en las Cortes.
Transporte sanitario: “8 millones que iban para salarios se transforman en beneficios empresariales”
Critican duramente la adjudicación, el pasado 30 de junio, del contrato del transporte sanitario programado a la empresa SSG. El nuevo contrato, incluye una rebaja del 4,01% respecto al precio inicial pero solo una subida salarial del 0,75%, por lo que deja fuera cualquier mejora real para la plantilla, que arrastra una pérdida del 20% de poder adquisitivo desde 2018.
“Este contrato es un insulto a los trabajadores y trabajadoras del sector. Se prometieron mejoras del 22% en retribuciones y ahora vemos que ese dinero, más de 8 millones de euros, va directo al margen de beneficios empresariales”, ha asegurado Sanz.
Izquierda Unida denuncia que el Departamento de Sanidad ha fracasado en la resolución de este problema mediante cláusulas de mejora laboral que no garantizan que la subida destinada a salarios se destine a estos. Lo mismo sucede con el transporte sanitario urgente, donde la empresa se está llevando mensualmente 600.000 euros que se debían destinar a salarios sin que la administración haga nada para corregirlo. Mientras tanto, la huelga continúa y la empresa no recibe penalización alguna por los servicios que no presta. “La externalización del transporte sanitario está generando una precariedad crónica y el deterioro del servicio. La salud pública no puede seguir siendo un negocio redondo para las empresas a costa de derechos laborales y calidad asistencial”, ha sentenciado Álvaro Sanz.
Preguntas urgentes ante un modelo para valorar la discapacidad colapsado
En esta misma línea, han registrado una pregunta a la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, con la que denuncian el recorte en el refuerzo de los equipos de valoración de la discapacidad del IASS. Porque, aunque se ha prorrogado uno de los planes de refuerzo temporal, el Gobierno ha decidido no renovar la contratación de dos equipos completos de valoración que en 2024 supusieron una inversión de más de 446.000 euros.
La única prórroga que se mantiene, entre julio de 2025 y junio de 2026, con una financiación de 230.123,06 euros y la continuidad de algunos profesionales en Zaragoza y Huesca, sigue siendo claramente insuficiente. “El plan temporal es eso: temporal. Y no es capaz de responder al colapso estructural que aún arrastra una lista de espera de más de 7.000 personas, con incumplimientos flagrantes del nuevo baremo que obliga a resolver en seis meses”, ha señalado Sanz.
Exigen explicaciones por esta decisión, por el número de personas que llevan más de seis meses esperando, y la evaluación del programa, la cobertura de plazas vacantes en los Centros Base y estabilizar los refuerzos con convocatoria pública.
“No se puede jugar con los derechos de las personas con discapacidad ni alargar eternamente soluciones provisionales. La ley se está incumpliendo, y nadie asume responsabilidades políticas ni se apuesta por soluciones estructurales”, ha denunciado el portavoz.