La formación alerta de privilegios en el acceso a plazas públicas y de un modelo que dificulta la conciliación y rompe la equidad en el sistema educativo.
Izquierda Unida Aragón ha denunciado los problemas generados por la aplicación de la adscripción automática del alumnado procedente de escuelas infantiles de la Diputación General de Aragón, tras la publicación el pasado 15 de abril de la oferta de vacantes para el próximo curso.
La formación ha criticado que la DGA no haya introducido factores de corrección a esta posibilidad de adscripción a los centros de infantil y primaria para evitar desigualdades, como la opción de haber ofertado la mitad de las plazas vacantes en cada uno de los centros con posibilidad de adscripción.
La coordinadora general de Izquierda Unida Aragón y portavoz parlamentaria, Marta Abengochea, ha denunciado “la mala gestión de este gobierno que se preocupa mucho de mantener el negocio de la educación privada, pero poco de garantizar la equidad, el acceso y la inclusión en el sistema educativo”.
La organización ha señalado la escasez de plazas en educación especial, especialmente en los programas de transición a la vida independiente para alumnado de hasta 21 años. Y ha destacado que uno de los centros con mayor oferta sea el CP San Braulio, con diez plazas, pese a no estar plenamente adaptado como centro de educación especial.
A ello se suma una distribución territorial insuficiente, con diferentes colegios con oferta de plazas que suponen menos de una vía: dos centros en Calatayud, mientras que en Ejea, Alcañiz y Teruel se limita a uno. En Zaragoza ciudad, hasta 14 centros, cuatro de ellos de barrios rurales.
Desde Izquierda Unida han rechazado el modelo de escolarización basado en la zona única porque no mejora los niveles de satisfacción de las familias, dificulta aún más la planificación y aumenta el riesgo de segregación.
Han señalado que estas disfunciones tienen su origen en la aplicación del sistema de adscripción, que se realiza antes del proceso general de escolarización y elimina plazas de la oferta pública. En un contexto donde no hay suficientes plazas públicas en el primer ciclo de infantil, este sistema otorga una ventaja injustificada a una parte del alumnado frente al resto.
Esta situación permite que el alumnado adscrito acceda antes a las plazas y pueda ocuparlas en su totalidad, dejando fuera a familias que, en igualdad de condiciones, tendrían prioridad por criterios como la existencia de hermanos en el centro. Esto está provocando situaciones en las que una misma familia se ve obligada a escolarizar a sus hijos e hijas en centros distintos, dificultando la conciliación. Por ello, acusan a la DGA de no haber introducido factores de corrección, como la posibilidad de haber ofertado la mitad de las plazas vacantes en cada uno de los centros con posibilidad de adscripción.
Además, Izquierda Unida ha advertido de problemas en la planificación educativa. La reducción artificial de la demanda en algunos centros está provocando la pérdida de unidades, como ocurrió el curso pasado en el CEIP Ana Mayayo de Zaragoza, que perdió una vía. Este año, lejos de corregirse, se mantiene una oferta limitada.
Consideran que el Gobierno autonómico está generando un modelo educativo injusto, que dificulta la igualdad real en el acceso y la libertad de elección de centro, además de crear malestar en las familias y en los municipios.
La formación, además de anunciar que impulsará iniciativas para corregir estas desigualdades, ha denunciado el bloqueo parlamentario de las derechas, que impide abordar estos problemas en un momento clave para la educación pública.