Zaragoza, 18 de diciembre de 2025.- Izquierda Unida de Aragón ha reclamado este jueves la revisión de todos los expedientes relacionados con el grupo Forestalia, la suspensión de las autorizaciones otorgadas y la anulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Búfalo, que el Gobierno de Aragón declaró de interés autonómico recientemente.
Su portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha señalado en una rueda de prensa en las Cortes que las noticias sobre presunta corrupción en la concesión de autorizaciones y actos administrativos “en favor del entramado empresarial de Forestalia” incrementan las sospechas tanto sobre esta compañía como sobre el despliegue acelerado y desordenado de centrales eólicas y fotovoltaicas en los últimos años. Sanz ha apuntado que ese despliegue se llevó a cabo sin planificación, sin moratoria, sin planes de conservación de especies protegidas y con falta de transparencia en las tramitaciones, “desoyendo las alegaciones de la sociedad civil”.
“Hubo un interés real en no regular y planificar, y hoy seguimos sin hacerlo”, ha aseverado el diputado, que ha instado a revisar el voto de cada grupo político en las conclusiones de la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón y a recuperar informes apartados de funcionarios, citando los del INAGA en el Maestrazgo y el cambio de criterio en el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza.
Presión de la demanda y expansión especulativa
Según el responsable de Modelo Productivo y Ecologismo de IU Aragón, Jesús García Usón, la situación de las grandes renovables en Aragón está marcada por la vorágine expansiva que genera la demanda de la industria electrointensiva y “alimenta un mercado claramente especulativo”. García Usón ha señalado que hay proyectos para multiplicar por cuatro la potencia instalada, que ya ha crecido un 90% desde el abandono del carbón, y advierte de que solo los centros de datos que han solicitado acceso a la red multiplicarán por cinco el consumo eléctrico actual de Aragón.
Sostiene, además, que Forestalia se ha beneficiado de facilidades en la tramitación de sus expedientes energéticos por parte de administraciones autonómicas y estatales, dentro de un desarrollo legislativo que citan como favorecedor del sector. Entre esas normas, la ley de autoconsumo industrial, actualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional y paralizada parcialmente.
Proyectos bajo la lupa
García Usón ha enumerado proyectos vinculados a desarrollos energéticos que ahora son objeto de investigación y que, pese a contar con consideración ambiental favorable del Ministerio, cayeron por la negativa ambiental en otras comunidades autónomas y ahora se recuperan. Entre ellos, el Proyecto Búfalo (con centros de datos en Magallón, Botorrita y Alfamén), el Proyecto Toro (la megafactoría de baterías de CATL en Figueruelas) y el Centro de Datos de Repsol en Escatrón.
En este contexto, Izquierda Unida exige la revisión de todos los expedientes en tramitación y la suspensión de las autorizaciones otorgadas a Forestalia.
Exigencias al Gobierno de Aragón
Por su parte, la recién nombrada Coordinadora General de IU Aragón, Marta Abenchochea, ha recordado que el Gobierno de Azcón está obligado a dejar en suspenso la Declaración de Interés Autonómico (DIA) otorgada al Proyecto Búfalo, anunciado como uno de los mayores operadores energéticos y tecnológicos de Aragón. El plan combina tres centros de datos con producción y gestión energética, incorporando centrales energéticas que tramitaron sus declaraciones ambientales en el Ministerio de Transición Ecológica, pero que fueron rechazadas por su impacto ambiental en otras comunidades autónomas, unca la aragonesa, ha subrayado
Además de denunciar la corrupción en la actividad instituciona, Abengochea ha insistido en adoptar medidas contra los corruptores. Entre ellas, ha propuesto la inhabilitación para contratar con la Administración y la prohibición de acceso a concursos, subastas y permisos y licencias administrativas otorgados por las administraciones reguladoras.
“No basta con señalar la corrupción: hay que poner fin a las ventajas que disfrutan quienes la promueven y se benefician de ella”, ha concluido.