Zaragoza, 16 de noviembre de 2025.- Izquierda Unida de Aragón ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, para conocer el alcance real del refuerzo en los equipos de valoración de la discapacidad y las medidas previstas para garantizar el cumplimiento de los plazos legales. Su portavoz en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, recuerda que el nuevo baremo establece que las valoraciones deben resolverse en un máximo de seis meses, pero en julio todavía había 678 solicitudes pendientes con más de medio año de espera, “lo que evidencia que el problema persiste”.
El certificado de discapacidad es el que permite el acceso a las ayudas para adaptar una casa o el coche, adquirir prótesis o acceder a prestaciones y por eso Izquierda Unida considera que “es imprescindible que se reconozca antes de 6 meses porque las personas no pueden estar esperando esto durante años”.
Sanz señala que en los últimos años se han aprobado sucesivas prórrogas de programas temporales para reforzar los equipos del IASS, pero las solicitudes de discapacidad se han incrementado en el último año, lo que señala un aumento estructural de la necesidad. “Es positivo que se mantenga el refuerzo, pero no podemos obviar que estas son medidas coyunturales y que la última prórroga aprobada por el Consejo de Gobierno, hasta noviembre de 2026, no resuelve la falta de personal estructural para dar cobertura a esta necesidad”, advierte.
Con esta pregunta, Izquierda Unida busca aclarar qué programas temporales se han renovado, cuántos profesionales están contratados y en qué provincias, así como las plazas estructurales existentes en la RPT del IASS. “Queremos saber qué medidas concretas se van a adoptar para cumplir la ley y qué consecuencias tiene su incumplimiento, porque no es aceptable que las personas con discapacidad sigan esperando más de lo que marca la normativa”, afirma el diputado.
Sanz insiste en que es necesario dar una solución definitiva. “Si estas son las últimas prórrogas, el Gobierno debe garantizar que las plazas salgan a oposición y se cubran de manera estable. No podemos seguir dependiendo de programas temporales para un servicio esencial que afecta a derechos fundamentales”, concluye.