Huesca, 23 de marzo de 2022.- El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Único de Huesca, a instancia de asociaciones memorialistas y particulares, ha ordenado al Ayuntamiento de Huesca la retirada de la placa franquista del patio municipal, cambiar el nombre de viviendas Federico Mayo y la eliminación del callejero de los nombres de los alcaldes de la dictadura Mateo Estaún Llanas, José María Lacasa y Mariano Ponz. Sin embargo, el Gobierno municipal del PSOE, con el apoyo de PP, Cs y Vox, ha decidido recurrir a esta orden en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para no cambiar los nombres de las calles.
Foto: Colectivo Ciudadano de Huesca
IU considera que, a pesar de que el Ayuntamiento “está en su derecho de presentar recurso tras recurso y de seguir gastando tiempo y dinero en no cumplir una Ley aprobada por su propia organización política”, decisiones como estas “no favorecen a la ciudad de Huesca, por sus consecuencias y repercusiones sobre la misma”.
“Desde Izquierda Unida señalamos, en primer lugar, que la legislación y sentencias que amparan esta condena no dejan lugar a dudas y mostramos nuestro apoyo al trabajo de las asociaciones memorialistas y particulares que han liderado la denuncia”, argumenta Pilar Callén, Coordinadora de IU Huesca. “En segundo lugar, nos gustaría que el Ayuntamiento de Huesca tuviera en cuenta el cambio de coyuntura histórica, en la sensibilidad sobre este asunto”, añade.
El Ayuntamiento de Huesca defiende que el juez “hace una interpretación de la Ley de efectos absolutos”, es decir, “va a la literalidad de la Ley”. El consistorio también apela a que el nombramiento del callejero se trata de “una tradición que sigue el Ayuntamiento de una manera no escrita”. IU Huesca apunta que las tradiciones “se pueden y deben cambiar, sobre todo cuando se refieren al cumplimiento de leyes que antes no existían”.
“Un Ayuntamiento no debería liderar un proyecto de ciudad basado en tradiciones e incumplimientos legislativos”, asevera Callén que compara esta negativa de retirar la placa franquista o nombres de calles a la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid con el apoyo de la ultraderecha.
El titular del Juzgado se ampara en la Ley de Memoria Democrática de Aragón 14/2018 para resolver la sentencia. Esta ley considera contraria a la memoria democrática de Aragón y a la dignidad de las víctimas la exhibición pública de elementos o menciones del franquismo, sus dirigentes u organizaciones en placas, escudos, insignias y otros elementos sobre edificios públicos o situados en la vía pública.
“Este Ayuntamiento no deja de sorprendernos día tras día y nos gustaría preguntar al alcalde de nuestra ciudad si está a favor o en contra de la ley de Memoria Histórica al asumir directamente las tesis de organizaciones políticas de ultraderecha”, cuestiona Callén.