Zaragoza, 24 de octubre de 2022. El diputado de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha criticado la dejación de funciones del Departamento de Educación y señala la posibilidad de que exista connivencia con la empresa constructora. Desde Izquierda Unida se apoya a las familias que han amenazado con presentar una denuncia ante la Guardia Civil, porque Educación ha ubicado a sus hijos e hijas en un sótano junto a la caldera de la calefacción de gasoil.
Se ha producido un nuevo parón de 3 semanas en las obras de ampliación del CEIP Ramón y Cajal de La Joyosa (Zaragoza). Y así, desde enero de 2022, fecha en que deberían haber finalizado las obras. La última respuesta del consejero Faci a preguntas de IU es descorazonadora, inconcreta, tibia e insustancial. Podría dar la impresión de que el Departamento de Educación es connivente con la empresa constructora o es rehén de la misma.
El consejero de Educación ha justificado lo injustificable de esta empresa incumplidora. Se ha alegado que los precios de los materiales subían mucho y eso hacía frenar el ritmo de las obras. Mientras otras empresas, en otros colegios, con la misma problemática, seguían las obras al ritmo previsto en el contrato. También se ha justificado que la empresa tenía problemas con la mano de obra especializada. Lo que indica, sin ninguna duda, que Educación nunca debió adjudicar las obras a esta empresa que, por otra parte, ya tenía antecedentes de mala gestión de las obras.
La realidad es que la empresa no paga a sus trabajadores, por lo que ellos van al tajo pero no trabajan. Y esto es lo que Educación tapa y calla. Hasta cinco fechas diferentes de finalización de obras que ha dado el consejero Faci se han incumplido sistemáticamente por la empresa: enero de 2022, Semana Santa, junio, principio del curso 22-23 hasta que finalmente, el consejero Faci dijo que estarían finalizadas el 30 de septiembre y se ha vuelto a incumplir.
Ante el estado de la obra es evidente que faltan todavía varios meses, a ritmo completo, si las obras no estuvieran paradas, como ocurre ahora. Se trata de construir 2 aulas y un gimnasio, en una zona de ampliación escolar diáfana. Tenían una duración prevista de 3 meses, llevan 1 año y están a mitad. Sin embargo, el Departamento de Educación tampoco ha sido claro, hasta el momento, sobre la posibilidad de imponer sanciones o penalizaciones a la empresa, por incumplimiento de fechas.
Un aula, ubicada en un sótano, junto a la caldera de calefacción de gasoil
El Departamento de Educación, ante la falta de espacios escolares, ha ubicado un aula en el sótano, junto a la caldera de calefacción de gasoil. Las familias, que inicialmente dieron un voto de confianza al Departamento al entender que era una medida muy provisional, ahora exigen que alguien firme un Informe en el que se indique: primero, la idoneidad del espacio del sótano para impartir clases, de acuerdo a las condiciones que marca la normativa educativa; y, segundo, que se aseguren las condiciones de seguridad del alumnado allí ubicado. En el caso de que la Administración no presente este Informe, algunas familias van a presentar una denuncia en la Guardia Civil.
Rescindir el contrato con la empresa constructora e instalar un aula prefabricada
El diputado de IU, Álvaro Sanz, presenta una nueva pregunta al consejero Faci, en la que plantea lo que podría ser la solución efectiva al problema:
Se necesita, por parte de DGA, rescindir el contrato con la actual empresa por sus continuos incumplimientos, y llevarla a los tribunales, a la vez que se inicie un nuevo proceso de adjudicación de la obra a una empresa solvente. Teniendo en cuenta que estos procesos pueden ser largos, Educación debe instalar inmediatamente un aula prefabricada para ubicar en ella el aula del sótano, especialmente de cara a las condiciones de idoneidad y seguridad.