Gracias presidente,
Autoridades, diputados y diputadas, Señor presidente del Gobierno de Aragón, buenos días a todos y a todas.
Quiero comenzar mi intervención compartiendo el dolor que padezco por la situación en la que nos encontramos. A mi juicio, conmoverse es necesario para entender, y sobre todo para no perder de vista, el sufrimiento que estamos padeciendo si lo que queremos es limitar su alcance y dar respuesta a sus consecuencias.
Por eso, el reconocer que su dimensión, pandémica, supera con creces nuestro conocimiento y capacidad, debería sin duda regir todas nuestras actuaciones, las de la oposición, las del Gobierno, las del resto de poderes del Estado, las de los medios de comunicación y las de la sociedad en su conjunto.
Quiero, por lo tanto, sentar las bases de mi intervención en este debate, marcado por lo cambiante de la coyuntura, sobre dos pilares exigibles y necesarios si en verdad queremos compartir el reto que implica su superación: el primero el de la consciencia de la dificultad, el segundo el de la necesidad de la sensibilidad.
Estamos, señorías, señor Lambán, ante un problema que nos está poniendo a prueba como comunidad política, usted lo reconocía ayer, y corremos el riesgo, unos y otros, de no incorporar todos sus aprendizajes, algo que sin duda requiere mucha audacia, mucho compromiso con quienes están sufriendo, mucha vocación de servicio y pocas excusas.
A pesar, como decía, de la dificultad y volatilidad de la situación, IU considera que este es un momento más que oportuno, para debatir y resolver varias cuestiones imprescindibles:
- Debemos analizar si la orientación de las políticas desplegadas, que usted ayer y hoy convalidó sin más análisis, está respondiendo eficazmente a la lucha contra la enfermedad y sus efectos.
- Es necesario valorar si la lucha contra la desigualdad, agravada por la pandemia y que usted reconoce, está siendo una prioridad
- Debemos debatir sobre la efectividad de las medidas impulsadas en lo económico, sobre si están yendo a quienes lo necesitan o si al contrario su carácter discrecional nos impide llegar a quienes realmente requieren ser rescatados o avanzar en igualdad, trabajo digno o sostenibilidad.
- Por último, este debate debe abordar también el reparto de las cargas que va a generar la COVID19 y arrojar propuestas para reforzar la capacidad pública para acometer todos los retos que tenemos por delante, algo de lo que todavía no ha hablado.
IU considera, en resumen, que este debate debe servir para:
- Reforzar y transformar los servicios públicos para garantizar que dan respuesta eficaz y ágil a los derechos fundamentales amenazados y que nadie hace negocio con ellos.
- Enfocar todas las herramientas de estímulo económico hacia un cambio de modelo productivo, más resiliente y cercano, que garantice el mantenimiento y las condiciones dignas en el empleo, la sostenibilidad y la lucha contra la emergencia climática, la vertebración del territorio y la satisfacción de las necesidades de la sociedad por encima de otros intereses.
- Hacer realidad ese eslogan de no dejar a nadie atrás, haciendo efectiva la máxima de “a cada cual según sus necesidades de cada cual según sus capacidades”. Es decir, haciendo que la justicia llegue a todos los ámbitos: los derechos, el medio ambiente, el territorio y también al de los esfuerzos económicos necesarios, sí señorías, hablo de ingresos, de fiscalidad.
Porque para IU lo que está en riesgo es cómo saldamos la crisis de credibilidad de las instituciones y de los poderes públicos que padecemos. Debemos reconocer que a la incertidumbre y confusión generada a veces por mensajes contradictorios o enfrentamientos estériles, también entre instituciones, se suma el desamparo de amplias capas de la población que no encuentran respuesta ágil a problemas básicos. El hambre no entiende de competencias.
Esta crisis que ha encontrado el más efectivo catalizador en la pandemia y sus efectos y que de forma absolutamente irresponsable y reaccionaria está alimentando y utilizando la ultraderecha.
Los terribles efectos de no responder con contundencia, y desde lo público, a todas estas necesidades alimentarán esta estrategia reactiva que pretende llevarse por delante cuestiones tan fundamentales para nuestro país de países como la descentralización y el autogobierno que no puede en ningún caso ser excusa para confrontaciones o deslealtades que permiten descargar responsabilidades.
Pero a mi juicio, lo peor será el daño a los principios éticos fundamentales que han de caracterizar una democracia avanzada, esos principios republicanos de igualdad, justicia, solidaridad, laicismo o el feminismo y la ecología, más necesarios que nunca.
Hoy, Sr. Lambán, para hacer efectivos estos valores y fortalecer nuestras instituciones necesitamos los recursos y la capacidad necesaria para su garantía y salvaguarda.
Ese es el reto: salir de esta crisis fortaleciendo el crédito de nuestras instituciones mediante la resolución real de los problemas de las personas.
A ese reto se suma el de impedir, además, el revisionismo de las derechas y la equidistancia, para ello además, Sr. Lambán, es urgente desarrollar nuestras políticas de memoria como antídoto democrático frente al egoísmo, e miedo, la superstición y la mano dura a los que esas fuerzas reaccionarias nos quieren devolver.
Sólo gestionando día a día con las personas en la cabeza y poniendo a la economía a su servicio podemos avanzar en consolidar nuestra democracia y nuestras instituciones.
Por lo tanto, unidad sí, pero ¿para qué? Transversalidad sí, pero para impulsar la igualdad, el trabajo digno, la vertebración, la solidaridad, la sostenibilidad en todas nuestras políticas y no para imponer discursos vacuos o totalizadores. Hoy, más que nunca, es imprescindible el debate de las ideas, además de garantizar una información veraz que permita el desarrollo de la capacidad crítica de la sociedad desde el conocimiento y la corresponsabilidad, sin paternalismos ni censuras.
Porque, Sr. Lambán, las ideologías no son partido o banderas vacías, siempre están allí, y su fundamento ético, los valores que las inspiran, nos acaba definiendo como comunidad política.
¿Individualismo o reflexión y respuesta colectiva?, ¿libre mercado o planificación colectiva para la garantía de derechos del común?. Estas preguntas y otras hoy nos interpelan y todos respondemos desde unos valores concretos.
Eso es ideología y lo deseable no es su superación, sino que queramos encontrarnos en la búsqueda de soluciones en torno a esos y otros interrogantes cuya prelación también es una cuestión ideológica porque responde a esos valores. Abogar por desideologizar la política además de un oxímoron imposible parece en determinados discursos una coartada, porque ideología, señor lamban hay siempre.
A IU la encontrará afanada en dar respuesta a los que le acabo de citar y a otros que iré desgranando y para ello es preciso ver de dónde venimos.
Usted reconocía que la COVID 19 ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestros servicios públicos: tanto en lo que respecta a un evidente déficit en la gestión eficaz, como a la escasez de recursos materiales y humanos. Y todo ello a pesar de los esfuerzos realizados durante los últimos años en materia de inversión que debemos reconocer y que hemos venido apoyando e impulsando.
Hemos visto los peores efectos de años de recortes de la derecha y del adelgazamiento de la administración y servicios fundamentales demasiado burocratizados.
- Partíamos de un sistema sanitario profundamente hospitalario y medicalizado en detrimento de las redes básicas de salud de Atención Primaria o Salud Mental y de la Salud Pública. Acarreábamos listas de espera inaceptables. En febrero de 2020 casi 3.500 personas llevaban medio año esperando una intervención quirúrgica y seguíamos sin garantizar la universalidad de la sanidad.
- Contábamos con avances en materia educativa, pero nos seguía lastrando la insuficiente atención a los alumnos con necesidades de apoyo y necesidades educativas especiales. Igualmente quedaba pendiente una reducción de la carga lectiva de los docentes, una minoración de ratios o la superación de las altas tasas de interinidad.
- Las políticas de cuidados, especialmente aquellas relacionadas con la Ley de Atención a la Dependencia y el modelo residencial seguían pendientes de reformas urgentes, como la reducción de las ratios de personal en nuestras residencias, o la apuesta decidida por unas políticas y recursos públicos que permitiesen a los mayores permanecer en su entorno si así lo deseaban.
- Los desahucios y el problema habitacional eran antes de la crisis un problema no resuelto. A pesar del contenido de la Ley de Emergencia Social nunca se garantizó efectivamente una alternativa habitacional para quienes no tenían satisfecho su derecho a techo, como demuestran los 1.234 desahucios -más de 900 en viviendas en alquiler- que se produjeron en 2019.
- La cobertura a través del Ingreso Aragonés de Inserción, las ayudas de urgencia o las de integración familiar no impidieron que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social superase el 20% antes de la pandemia.
- Las leyes aprobadas en anteriores legislaturas en materia de derechos sociales, de muerte digna, de igualdad de oportunidades o la ley Trans y la ley LGTBI seguían sin desplegarse.
Este panorama mantenía unas brechas estructurales inaceptables tras varios años de su gobierno, unas brechas que la pandemia ha venido a agravar con severidad.
En materia económica, la precariedad y la desigualdad también marcaba la vida y el trabajo de amplios sectores de la población que eran trabajadores pobres, especialmente de jóvenes y mujeres. Una precariedad que afectaba sobre todo a sectores que usted consideraba y sigue considerando estratégicos.
Quizá uno de los más evidentes sea el caso de los falsos autónomos, que se han ido regularizando en algún sector, como el de la transformación cárnica, gracias fundamentalmente al trabajo sindical, pero que continúa precisamente en sectores como los riders, dependientes de otros en auge como el de las plataformas digitales, tremendamente complejo, y que requiere ser regulado y no solo apoyado acríticamente.
Otros sectores como la hostelería o el sector de cuidados, altamente feminizados, no atravesaban mejor suerte.
Luchar contra esa precariedad, contra la siniestralidad y contra la brecha salarial que azotaba especialmente a las mujeres era y es un imperativo.
Con una economía muy dependiente de la exportación en torno a sectores como el agroindustrial y la automoción, el riesgo de que las tensiones comerciales entre China y EE. UU.y el Brexit amenazasen con impactar negativamente sobre nuestra economía, era un riesgo cierto.
Por otro lado, las posibles afecciones de aquellas amenazas globales sobre las cadenas de valor, en las que está inserta nuestra economía, nos sugerían la necesidad de otro tipo de apuestas para su relanzamiento y la necesaria reindustrializacióndel territorio.
Hablábamos mucho ya entonces de cambio de modelo productivo centrado en producir bienestar y vertebración para evitar la desindustrialización como vimos en las cuencas mineras y las deslocalizaciones como las que se sufrieron en Schindler, Future Pipe o Losán y ahora en Alumalsa o FerroAtlántica del Cinca.
Señorías, antes de que llegase la pandemia, ya era imprescindible una apuesta clara por la transformación de nuestra economía hacia otro modelo productivo más sostenible ambiental, social y territorialmente hablando y con mayor valor añadido, una apuesta que no acababa de llegar.
Por el contrario, seguíamos y seguimos apostando por la cultura de lo macro: macrocentros comerciales, macro estaciones de esquí, macro mataderos, macro industria, nada más lejos de la sostenibilidad Sr. Lambán, por mucho que para usted Bonarea o ampliar las pistas de esquí por Castanesa sean proyectos sostenibles.
Para ese cambio necesario proponíamos apostar por la economía social, la cercanía y el comercio de proximidad, el impulso de la ley de autónomos, la producción agraria sostenible, la reindustrialización,el impulso desde el sector público de nuevos centros de I+D+i situados en las zonas en transición, o el desarrollo de actividad productiva a través de empresas públicas ligada a sectores de alto beneficio social: como el ambiental, el energético o el farmacéutico, por poner solo unos ejemplos.
Ya hablamos entonces de la brecha digital, que sigue estando allí, con 263 núcleos sin conexión básica a internet (30 megas) y las zonas grises donde no se llega a 100 megas incluyen todo el medio rural aragonés. Algo que sucede entre otras cuestiones porque hemos dejado en manos de las operadoras la garantía de un servicio público, y por un plan, el Conecta Aragón con poca audacia, sólo pensado a corto plazo incapaz de responder y adaptarse a las necesidades.
Por último, acarreábamos, antes de que llegase la pandemia, un déficit estructural de alrededor de 300 millones, tal y como nos ha venido advirtiendo la Cámara de Cuentas. Ayer usted rehuyó toda nuestra responsabilidad en este asunto aludiendo que los fondos deberían llegar de Bruselas o Madrid. Hemos debatido mucho sobre la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica, pero IU siempre ha exigido que de forma paralela cumpliésemos en Aragón avanzando en progresividad y justicia fiscal en la medida de nuestras posibilidades.
En este escenario llegó la pandemia y después de escucharle la pregunta es si ¿cuándo usted habla de actualizar los acuerdos de investidura -y en lo que respecta a IU- está descartando actuar en todas estas cuestiones?.
Porque todas ellas y alguna más fueron objeto del pacto suscrito entre el PSOE e IU para su investidura y ya le adelanto que para IU siguen siendo válidas.
Señorías, esta crisis ha puesto de manifiesto cuatro cuestiones fundamentales que debemos tener muy presentes a la hora de desplegar políticas para paliar sus efectos.
- La primera es la importancia de los servicios públicos y su papel director como garantes de seguridad y protectores de vida.
- La segunda la centralidad del trabajo y del papel protagonista de quienes, desde el supermercado a los hospitales, desde el taxi hasta el campo, nos han permitido ir superando todas las adversidades a las que nos hemos enfrentado arriesgando en muchos casos su salud y su vida y que ahora merecen algo más que palmadas en la espalda.
- La tercera, la necesidad del compromiso colectivo, de la solidaridad y la responsabilidad social. En nuestras manos está actuar como un organismo que se cuida y se protege o que se autodestruye por la vía del individualismo y el egoísmo.
- La cuarta, pero no menos importante, la necesidad de otro modo de producir y de consumir que garantice el equilibrio ecológico y genere bienestar.
La conjugación de estos cuatro aprendizajes debería regir todas las actuaciones del Gobierno dejando claro, en todo momento, que lo primero es preservar la vida y la salud, evitar que las brechas preexistentes se agraven y que aparezcan otras nuevas y repartir con justicia el coste de la recuperación. No hemos visto en su propuesta que esto quede claro.
Hoy toca valorar que hemos hecho todos en este sentido, ¿qué ha hecho el Gobierno y que hemos hecho la oposición?
IU ha sido leal durante todos estos meses, y reconoce los esfuerzos y la dificultad que afrontan a diario, pero permítanme que les diga, tal y como he empezado, que a nuestro juicio, hay dinámicas que deben cambiar.
Lo primero que deberíamos asumir es que el equilibrio entre salud y vuelta a la nueva normalidad planteado ha fracasado. Hoy debemos volver a recordar que lo primero es la vida y que protegernos colectivamente es fundamental para superar esta situación. IU sabe que le apoyará, no de forma acrítica, pero sí lealmente, en todas las medidas necesarias para proteger la salud de los y las aragonesas.
Pero independientemente de que la situación sanitaria sea crítica, ya no estamos en los primeros meses de pandemia en los que las necesidades materiales más básicas y el desconocimiento nos obligaban a improvisar medidas.
Señor presidente, lo que en su día pudiese ser una necesidad, hoy en muchos casos es una opción. Y, desde el levantamiento del estado de alarma anterior, hay opciones que ustedes están eligiendo que desde luego IU no comparte y usted se esté reafirmando en ellas en este debate.
Por ejemplo, apostar por la sanidad pública colisiona con incrementar las externalizaciones frente al fortalecimiento de nuestro sistema público de salud que, además, requiere reformas internas profundas que lo hagan más eficaz, recuperar servicios privatizados y, en cualquier caso, mantener un control efectivo de esas externalizaciones.
Una consejera de sanidad y un presidente no pueden apoyar la construcción de un hospital privado en un momento en el que la sanidad pública está al límite y crecen hasta en un 186% la venta de seguros privados de salud. Esa puede que sea su opción, pero no la de IU, allí no nos vamos a encontrar. IU le pide que deje claro el papel de los intereses privados en el ámbito de la prestación de servicios públicos.
Del mismo modo se diseñó un inicio de curso que no contemplaba las medidas adecuadas para una política de reducción de riesgos ambiciosa, que era lo que IU esperaba y lo que teníamos acordado.
Esta ausencia de personal genera serios problemas con la semipresencialidad que sigue lastrando a Secundaria y el seguimiento telemático que no se produce. A ello se le suman carencias en materia de protección. Y, como siempre, los colectivos más vulnerables: como la educación especial o el alumnado en desventaja que siguen sin recibir los recursos que requieren, incrementándose la brecha. ¿Dónde están los fondos extraordinarios COVID para educación?
Todavía, meses después de que estas Cortes lo aprobasen, no se ha avanzado nada en políticas de conciliación, cuidados y corresponsabilidad más allá de las medidas impulsadas por el Gobierno de la Nación a través del Plan Me Cuida, que siendo un avance se quedan cortas, pues dejan fuera a muchas personas y hacen recaer sobre la mujer, de nuevo, la carga de la conciliación.
Desde IU hemos tratado de impulsar una red de servicios públicos de cuidados, y de mejorar las herramientas de la que dispone la comunidad para dar respuesta a estas necesidades; pero la respuesta es siempre la misma: un debate competencial que parece más una excusa para evitar hacer frente a una necesidad que no espera y que no se puede externalizar a través de subvenciones a entidades como está sucediendo. Mientras los Ayuntamientos y Comarcas siguen tratando de dar respuesta a ellas sin el compromiso decidido por la co-gobernanza que usted ayer defendía y que compartimos.
Subvencionar y concertar indiscriminadamente es una vía más de externalización que impide que esos recursos económicos sirvan para reforzar y ampliar los servicios públicos, que son los únicos capaces de responder, de forma efectiva con calidad y equidad, a las necesidades de las personas en cualquier parte del territorio. Pero es que además refuerzan el mensaje de que lo privado es mejor y más barato, aunque eso se traduzca en pérdida de la calidad y cobertura del servicio y precariedad para quien trabaja.
La situación de las residencias tiene mucho que ver con lo anterior y pudo ser peor sin el esfuerzo de las profesionales que se han dejado la piel y la salud. Necesitamos que la cobertura del derecho a una vejez digna no sea pasto de precariedad y negocio. Es necesario impulsar los servicios públicos de atención a la Dependencia, y transformar el modelo actual sin profundizar en la misma fórmula ineficaz; enmarcando este derecho dentro de un sistema de cuidados general. Esta situación nos lleva a que hoy, a pesar de lo vivido, sigamos con un Decreto que rige las ratios de profesionales por residente del año 92, y que una vez más exigimos sea reformado.
La urgencia por derogar el IAI tras la aprobación del IMV, sin esperar a ver su desarrollo o reglamentación, ha generado un verdadero problema para muchas personas que desde el mes de junio no cuentan con ingreso alguno. Quiero que me diga cuándo se va a retomar la cobertura del IAI tal y como acordó esta cámara a propuesta de IU, para dar salida a estas personas que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad y extrema vulnerabilidad, sobrevenida o no por la Covid, y que no tienen ningún tipo de ayuda.
Señor Lambán, son más de 76.600 las personas en desempleo en Aragón, y más de 27.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Y entre los que trabajan, el 28,6% de los hogares aragoneses se encuentran en situación de inestabilidad laboral y afirma no poder afrontar un gasto imprevisto, un nuevo perfil de trabajadores pobres que están en el borde de la pobreza y que no se contemplan de forma específica.
Y todo ello, señorías de la derecha, podría ser peor si hubiésemos dejado tiradas como hicieron ustedes a esas casi 130.000 personas que han recibido la cobertura de un ERTE que siguen ampliándose. 218 ERTES nuevos en una semana ante lo dramático de la situación.
Pero no es suficiente, la dimensión de esta crisis exige algo más que ayudas de urgencia ante situaciones límite que es lo que tenemos, es lo único que nos queda.
Los desahucios no han cesado y lejos de garantizarse el cumplimiento de la ley, y una solución habitacional a quienes no tienen techo y lo buscan en los inmuebles vacíos, el 80 % de los cuales pertenecen a fondos buitres y bancos que fueron rescatados con dinero público. En este parlamento parte de su gobierno ha convalidado y dado alas a la falaz campaña de criminalización de la pobreza, orquestada por una empresa de seguridad, en torno a la vivienda.
Entienda que discrepemos de la aplicación de los acuerdos cuando no vemos satisfechos buena parte de ellos en ámbitos tan básicos como la salud, la educación, los derechos sociales o la vivienda, no es suficiente.
Hoy la pobreza en Aragón ha crecido, el 53% de la población sufre dificultades para llegar a fin de mes y un tercio de los menores se encuentra en riesgo de pobreza, las brechas han crecido y el 10% de los que más ingresan ganan diez veces más que el 10% que menos recibe.
Al igual que se ha hecho desde el Gobierno de la nación, Aragón necesita desplegar medidas sociales potentes, empezando por garantizar una respuesta eficaz a los problemas de cada vez más personas mediante unos servicios públicos capaces de reaccionar.
Hace apenas una semana debatía con usted sobre la situación de maltrato institucional. Si las administraciones no pueden garantizar la cobertura y respuesta de las necesidades habrá que cambiarlas.
La semana pasada le recordaba algunos ejemplos, hoy le vuelvo a hablar de cobertura sanitaria universal y ya le dio que usted dijo ayer una verdad a medias. En la EARSE acordamos mantener a tarjeta sanitaria sin excepciones y sin límite temporal y eso no se cumple. Solo se da cobertura por COVID y no hay modo de garantizar el acceso a la sanidad a través de informe social para ciertos colectivos. ¿Cuándo se va a resolver definitivamente este asunto?.
Las administraciones tienen que garantizar el buen trato y velar por los profesionales que lo hacen efectivo. Yo le pido de nuevo que haga para las personas lo mismo que va a hacer para las empresas, desburocratice la atención y garantice la atención presencial allá donde es imprescindible.
Esto no lo va a resolver la colaboración público-privada sino unos servicios públicos fuertes y el reparto justo de la riqueza. Y permítame que le diga que desde IU creemos que no se está haciendo todo lo posible, especialmente en el ámbito económico.
Porque son muchas las diferencias que tenemos sobre las medidas que están desarrollando en el ámbito económico y sobre su enfoque.
Lo primero que le pido es que condicionemos todas las medidas anticíclicas de reactivación de la economía para que lleguen a quienes lo necesitan y cumplan los dos principales objetivos que son: el sostén de los empleos y de la actividad productiva y la transición ecológica de nuestra economía garantizando, además, la igualdad.
No podemos seguir facilitando ayudas lineales que no discriminan entre quienes las necesitan o no, e impiden que lleguen a quienes realmente las necesitan.
Y en este sentido y volviendo a la Estrategia, creemos que estamos dando palos de ciego porque no está habiendo condicionalidad ni coherencia.
Por ejemplo, no podemos estar hablando de la defensa del modelo social agrario de la agricultura familiar en los debates sobre el futuro de la PAC, mientras facilitamos precisamente el modelo industrial que acaba con el que decimos defender.
El resultado es que de nuestra producción final agraria, solo el 20 % proviene de la agricultura social del modelo familiar, que es el que fija población y mantiene el territorio. El resto proviene fundamentalmente de modelos que Uberizan el campo, precarizan el empleo y son insostenibles ambientalmente.
Es inaceptable que mientras los pequeños comercios tienen que cerrar sus puertas, y no sólo por las restricciones horarias, se permita a los grandes centros comerciales abrir más festivos tras bajarles los impuestos, o incluso que asistamos atónitos a la inauguración de uno nuevo, con masificaciones de miles de personas.
Eso también es elegir señor Lambán y, a nuestro juicio, no del lado correcto.
Hablaba de renovables y, es cierto, las eólicas se están desplegando, sí, pero sin mayor control ni criterio que el de las multinacionales y empresas especulativas con los derechos de producción que siguen detrás de las nuevas plantas, sin planificación estratégica. Entre tanto el autoconsumo, acordado con ustedes, o la eficiencia energética y la rehabilitación no acaban por impulsarse con el mismo interés.
Se permite que empresas que despidan puedan obtener ayudas públicas y se rebajan los impuestos al juego, manteniendo las casas de apuestas abiertas mientras se cierran los centros de ocio juveniles mandando así un mensaje muy nocivo.
Sabemos que la COVID ha exigido reorganizar el presupuesto y que, teóricamente, acordamos una Estrategia cuyo desarrollo debía responder al impulso de lo social, lo verde y lo digital. Pasados casi cuatro meses desde la firma de estos acuerdos, IU quiere mostrar su malestar.
IU no firmó la estrategia para restar recursos a las políticas de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible o de eficiencia energética para financiar: a las ganaderías de toro bravo (medida no acordada), o al turismo y a la promoción y desarrollo económico sin ninguna garantía de que esos recursos lleguen, por ejemplo, a los hosteleros que están al borde de la quiebra y a sus trabajadores.
Para eso no firmamos la Estrategia, y tampoco para relajar la norma ambiental en pro del desarrollo económico.
Como no lo hicimos para recortar en cooperación al desarrollo, más aún si tenemos en cuenta la dimensión global de la pandemia y que se ha recortado un presupuesto que ya incumplía los compromisos recogidos en el pacto por la cooperación.
Elegir están eligiendo, mientras sectores imprescindibles desde una perspectiva que va mucho más allá de la económica, como el de la cultura, están colapsando. Hace meses aprobamos una propuesta de IU, en la EARSE también se contemplaban medidas extraordinarias, usted, su consejero y los responsables anunciaron hace dos meses la inminencia de éstas, ayer volvió a hacerlo, pero nada. ¿Cuándo van a sacar las ayudas extraordinarias al sector cultural?.
Y como no, también debemos hablar de la igualdad, que debe ser algo más que un eslogan, porque cuando las crisis entran por la puerta la igualdad de género sale por la ventana y nos preocupa el impacto de género de la estrategia que volverá a tener un claro sesgo de género con las priorizaciones que se han hecho.
Como le digo la interpretación de la EARSE que están haciendo dista mucho del espíritu que permitió que viera la luz.
Pero lo más preocupante es que, tal y como la están desarrollando, se distancia también de los criterios marcados por Bruselas y por el Gobierno de la Nación en los planes de recuperación.
Hace tres días conocimos el borrador de Presupuestos Generales del Estado que supone la superación de las normas de austeridad, un incremento inédito en sanidad, educación, cuidados, atención a la Dependencia, políticas de vivienda, igualdad, las pensiones, la cultura, transferencias a las CC.AA. o la investigación.
Presupuestos que condicionarán las políticas inversoras a avanzar en la transición ecológica y digital de nuestra economía, la cohesión social y territorial y la igualdad.
Esto es lo que desde IU le exigimos, que actúen en coherencia con ese camino. Así entiende IU la lealtad que al igual que usted nos pide, debe caracterizar al Gobierno de Aragón con los aquí presentes, pero también con el Gobierno Central.
Lo pedimos, además, porque buena parte de los recursos de los que vamos a disponer van a venir de los PGE y de Europa y deberemos cumplir con esos objetivos y no se puede vestir de sostenible lo que no lo es.
Según estimaciones de su Gobierno, los ingresos propios van a sufrir una caída del 60% y nuestras necesidades se cubrirán en un 76% con aportaciones del Estado.
Quizá vaya siendo hora de empezar a actuar para garantizar la sostenibilidad de nuestros presupuestos a futuro sin acabar haciendo recortes y sin que sean los y las trabajadoras, que ya soportan el 83% de la carga fiscal del país, los paganos de esta crisis.
Le he pedido en innumerables ocasiones que evite que las brechas entre ricos y pobres se incrementen y que intervenga para garantizar un correcto reparto de la riqueza y de las cargas que supone financiar nuestras políticas.
No podemos pedir en Madrid lo que aquí no estamos dispuestos a cumplir y eso es lo que volvió a hacer usted ayer.
Usted me aseguró la última vez que debatimos sobre fiscalidad que mi Coordinador general y ministro del Gobierno de coalición no iba a subirle los impuestos a los ricos y que, hasta que eso no sucediese, en Aragón se mantendría la presión fiscal.
Se equivocaba en ambas afirmaciones, porque poco después ustedes le bajaban los impuestos al juego un 24% y a las grandes superficies un 20% y porque el Gobierno Central sí cree que es momento de que el 0,17 % más rico de los contribuyentes y el 0.12% más rico de las empresas aporten más para garantizar, por ejemplo, que los ERTES, el IMV o las pensiones puedan sostenerse.
IU vuelve a exigir en Aragón una revisión de su política fiscal para que, sin poner en riesgo la economía de familias o empresas, hagamos que aquellos que deben contribuir más lo hagan, tal y como dice la Constitución, que hay que cumplirla entera. Le pido que cumpla la EARSE y el acuerdo de investidura con IU en este sentido.
Pero hablando de ingresos tenemos otras posibilidades que no pasan por recortar, recurrir a deuda o exigir más fondos a Madrid o Bruselas.
Me refiero a la implicación de lo público en el ámbito de la actividad productiva. Para ustedes el mantra de la colaboración público-privada solo sirve para justificar la privatización de servicios públicos o para poner alfombras rojas a grandes proyectos empresariales.
Pero, para IU, esa colaboración debería alejarse de los servicios públicos que dan respuesta a derechos fundamentales para centrarse en el mundo de la actividad productiva, por ejemplo, transformando en acciones los millones que insuflamos a determinadas sociedades y multinacionales, o actuando como motor en el impulso de sectores estratégicos como los cuidados, el medioambiente, las telecomunicaciones, la energía, o la farmacia a través de la empresa pública.
No estamos defendiendo nada que no sea lo habitual en el mundo de la empresa, ellos no regalan millones, compran acciones; ni que no esté recogido en los artículos 128 y 130 de la Constitución, no decimos nada que no se esté haciendo ahora con empresas mixtas como Aramón, por ejemplo, una sociedad de dudosa rentabilidad económica y ambiental.
- ¿Qué problema hay en garantizar el retorno inversor que hacemos por la vía de las ayudas incondicionadas?.
- ¿Por qué no se está trabajando en la farmacéutica pública que acordamos, por ejemplo?.
- ¿Por qué no abrimos las puertas a otras fórmulas de colaboración con el mundo de la economía social?.
Todas estas medidas, además de bienestar, generarían ingresos.
Por lo tanto, señorías, y voy concluyendo, este debate debería servirnos para:
- Reafirmar nuestra apuesta por los servicios públicos y los derechos sociales entre los que incluimos la cooperación, la cultura, la participación o las políticas de memoria.
- Comprometernos a impulsar otro modelo productivo más resiliente y cercano que garantice igualdad, trabajo digno y nos sirva para producir bienestar y reindustrializar nuestro territorio de forma sostenible.
- Garantizar que se reparten justamente las cargas de esta crisis, se incrementan los ingresos para paliar los efectos de la COVID y se hace garantizando la progresividad fiscal.
La pregunta que IU le hace es si el Gobierno considera estas prioridades, o si por el contrario vamos a seguir anteponiendo otras cuestiones mientras permitimos que la brecha de desigualdad y el desamparo siga creciendo.
Este es el momento adecuado de corregir cuanto sea preciso para que eso no suceda, en IU encontrará un aliado para lograrlo, pero la decisión es suya, está en sus manos.