Tras el anuncio del Ejecutivo aragonés de la rescisión del contrato con la UTE Nuevo Hospital de Alcañiz formada por las empresas OHL y Dragados, IU considera que “las empresas que no cumplen con su contrato y dejan a medias obras públicas esenciales no vuelvan a lucrarse con dinero público”
Zaragoza, 16 de diciembre de 2019.- Izquierda Unida, tras la decisión firme del Gobierno de Aragón de rescindir el contrato con la UTE Nuevo Hospital de Alcañiz formada por las empresas OHL y Dragados, traslada a la DGA “la necesidad de iniciar un procedimiento administrativo para que un juzgado determine la incapacidad e insolvencia empresarial de estas compañías para contratar con el sector público”. Así lo ha expresado su coordinador autonómico, Álvaro Sanz, quien ha señalado los mecanismos que establece la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 en su Artículo 71.
“Debemos acabar con las dinámicas perversas en la contratación pública, con la concurrencia de multinacionales que tiran los precios para ganar el concurso, asegurando que van a cumplir con los pliegos que establece la administración, y, sin embargo, cuando llega la hora de hacer la obra o prestar el servicio, tratan de chantajear a la administración pública exigiendo más dinero o incumpliendo los estándares de calidad del contrato firmado”, ha denunciado Álvaro Sanz.
Por su parte, la portavoz de IU-Ganar Alcañiz, María Milian, que ha estado presente en el anuncio realizado esta mañana en el Ayuntamiento del municipio, ha subrayado que “no ha habido problemas sobrevenidos que justifiquen la actitud de dejadez y de incompetencia de la UTE”.
“Los habitantes de Alcañiz y de toda la comarca del Bajo Aragón hemos sufrido un retraso intolerable y una pérdida de calidad en los servicios sanitarios por culpa de la mala gestión de estas empresas”, ha indicado Milián. La portavoz de IU-Ganar Alcañiz ha concluido indicando que “no hay que tener miedo de la dimensión de estas empresas y hay que sancionarlas igual que se haría con una pequeña empresa que no cumple con su compromiso”. Por este motivo, IU considera que, a instancias de una denuncia administrativa del contratista, en este caso el Gobierno de Aragón, un juzgado determine que “las empresas que no cumplen con su contrato y dejan a medias obras públicas fundamentales no vuelvan a lucrarse con dinero público”, ha añadido Milián.
Finalmente, ha recordado que “la DGA ha tenido dejación en la vigilancia de las empresas con el hospital de Alcañiz, puesto que OHL ya fue la elegida para la privatización que pretendía el anterior gobierno PP-PAR y era de esperar que tratase de alargar las obras hasta que volviese un gobierno proclive a la privatización”. “No hay que olvidar que esta empresa aparece vinculada con la Gurtel, el caso Villarejo y estuvo implicada en México en escándalos de corrupción”, ha concluido.