El Día Mundial contra la Trata de Personas se enmarca, otro año más, en la pandemia de la Covid-19 cuya primera consecuencia es que el riesgo al que están expuestas las personas en situación de prostitución se vea acrecentado. El año pasado, la situación vivida provocó que a nivel estatal se recomendara el cierre de los lugares donde se lleva a cabo y por ello trasladamos esta recomendación a las Cortes de Aragón a través de una proposición no de ley que fue aprobada y por la que se instó al cuatripartito al cierre de los pisos privados y otros establecimientos públicos donde pueda haber sospecha de situaciones de prostitución, con el acompañamiento de medidas que garantizasen las condiciones de vida de las mujeres en situación de prostitución, como por ejemplo, estudiar su inclusión como beneficiarias en la Prestación Aragonesa Complementaria y habilitar un plan de alternativa habitacional.
Además, las entidades que trabajan con personas en situación de prostitución advirtieron de la proliferación de bloques completos de pisos destinados a la prostitución, “sin control policial alguno y sin que fiscalía ni siquiera reconociera situaciones de trata”.
Esta situación llevó a que la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, en sesión celebrada el pasado 17 de mayo, acordase instar al Gobierno aragonés a la elaboración de un informe-diagnóstico sobre la situación actual en nuestra Comunidad Autónoma, así como, “seguir impulsando la participación de las entidades del tercer sector como recurso de derivación en la gestión de recursos para las víctimas de trata y de explotación sexual.” Por otra parte, no existen datos oficiales sobre cuántas mujeres se encuentran en esta situación en Aragón y las entidades que trabajan con ellas hablan de que las asistencias a estas mujeres se han multiplicado pasando de 200 a 500.
En cuanto a las ayudas públicas, las instituciones reconocen que muchas de estas mujeres se encuentran en situación irregular lo que dificulta su acceso a un Número de Identidad de Extranjero (NIE) y, por tanto, a una cuenta bancaria, requisito obligado en las bases del Decreto 19/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regulan las prestaciones complementarias para víctimas de violencia y que contemplan tres líneas de ayuda: Prestaciones a las hijas e hijos menores de edad de las mujeres víctimas mortales por violencia de género, prestaciones a otras formas de violencia y prestaciones complementarias para las mujeres víctimas de violencia de género mayores de 65 años.
Cabe recordar que disponer de una cuenta bancaria es el régimen normal de pago establecido con carácter general para la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y esto supone dejar a estas mujeres fuera de unas prestaciones que deberían estar pensadas para ellas y ajustarse, como se ha hecho en otras comunidades autónomas, donde se facilita el cobro con cheque a través de las entidades que trabajan con ellas.
Asimismo, desde la publicación de este Decreto en febrero de 2020, 24 mujeres han presentado la solicitud de la prestación en Aragón. Hemos intentado conocer el número de solicitudes que se corresponde con víctimas de explotación sexual, pero el Gobierno de Aragón no nos ha facilitado esta información y tampoco cuántas solicitudes han sido concedidas ni a cuantas se les ha facilitado la obtención del NIE. “Tampoco tenemos constancia de que el Gobierno de Aragón haya cumplido el mandato del parlamento por lo que hemos registrado una batería de preguntas sobre el grado de cumplimiento de las iniciativas aprobadas sobre estos asuntos”, explica Sanz.
En su opinión, “la explotación sexual es una violencia que está invisibilizada y es urgente y necesario que se articulen respuestas efectivas para erradicarla y eliminar las dificultades administrativas que impiden el acceso a estas mujeres a sus derechos y, por tanto, a la posibilidad de salir de su situación”.