Artículo de Alberto Cubero publicado el 30 de octubre de 2021 en Arainfo.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha situado en el 5,5%, su nivel más alto desde 1992, año de las Olimpiadas de Barcelona, de la Expo de Sevilla y de huelgas, de muchas huelgas. No es casualidad que los años de mayor número de huelgas coincidan con los de mayor inflación pues la clase trabajadora pierde poder adquisitivo en caso de que sus salarios no se revaloricen al nivel del IPC, algo a lo que la patronal se resiste.
El jueves lo decía Ricardo Mur, presidente de la patronal aragonesa, de manera muy nítida “los salarios no pueden crecen al nivel de la inflación”. En el mismo sentido se ha pronunciado Luis de Guindos, actual vicepresidente del BCE, en coherencia con esa costumbre de los bancos centrales de recomendar políticas neoliberales. Según De Guindos, no es recomendable tomar medidas estructurales como subir salarios, por algo que se entiende es temporal como la inflación.
Pero lo cierto es que desde febrero el IPC no ha dejado de escalar vertiginosamente y las previsiones es que la energía y los carburantes, principales responsables de la subida del IPC, sigan encareciéndose. En este contexto de previsión de inflación mantenida en el tiempo la derogación de la reforma laboral de Rajoy cobra aún mayor importancia, pues aquella reforma eliminó importantes herramientas de fuerza sindical con medidas como el fin de la ultraactividad, la prioridad de convenio de empresa o la modificación unilateral de las condiciones de trabajo, que desarmaron la capacidad de presión sindical y provocaron la aceptación de condiciones precarias y pérdida de poder adquisitivo durante los últimos años.
Tal es así que ante una inflación situada en el 5.5% y subiendo, la media de subida salarial pactada en convenio en España se sitúa en el 1.5%, una pérdida de cuatro puntos de poder adquisitivo para la clase trabajadora. A esto se añade que en muchas empresas no existe un convenio colectivo con los salarios vinculados al IPC, sino que se han pactado subidas fijas que ahora se muestran insuficientes, otras carecen de convenios propios y los convenios de referencia tampoco suelen vincular las subidas salariales al IPC.
La obligación del gobierno es derogar la reforma laboral pues es un compromiso firmado, intentar hacerlo desde el consenso del diálogo social es una quimera pues los empresarios jamás permitirán poner herramientas tan potentes de la lucha sindical en manos de los trabajadores y más en un momento inflacionista.
Quién se marca como objetivo el diálogo social está entregando derecho a veto a la patronal y lo usa de excusa para ocultar su verdadera intención de incumplir el acuerdo de gobierno, desgraciadamente también nosotros en ocasiones les hemos dado los argumentos, sobrevalorando el diálogo social cuando somos los del conflicto, no olvidemos que el liderazgo de Yolanda Diaz en gran parte lo hemos construido sobre la capacidad y la importancia de llegar a acuerdos. La subida del SMI un 1.5% se muestra cada vez más insuficiente con un IPC en el 5.5%, pero aquella medida tuvo un gran avance, se hizo sin acuerdo de la patronal. Se les privó del derecho a veto pues era la única manera de avanzar en el cumplimiento del acuerdo de gobierno, solo así se logrará también derogar la reforma laboral.
Y una vez derogada y recuperadas las herramientas de lucha sindical, debemos emplearlas con toda su potencialidad para movilizar a la clase trabajadora con el objetivo de recuperar poder adquisitivo o al menos no seguir perdiéndolo. Esa es nuestra tarea. Por ello la clave para nosotras no es quien dirige la derogación de la reforma laboral, es quien dirige el ciclo de luchas obreras que debe emprender la derogación de la reforma laboral en un contexto inflacionista. Que el PSOE se apunte el tanto de derogarla, pero que se derogue, nosotros vamos a dedicarnos a levantar un ciclo de movilización en los centros de trabajo, eso el PSOE hace tiempo que se incapacitó para dirigirlo.