El 20 de noviembre de 2023 se cumplen 48 años de la muerte del dictador Francisco Franco, y ese día el gobierno de Azcón ha decidido que es un buen día para poner fin a una ley que busca, entre otras cosas, “construir la memoria democrática a partir del recuerdo del pasado traumático vinculado a la guerra civil ya a la dictadura franquista (…)”
De nada ha servido que el pasado mes de septiembre profesores del área de Historia Contemporánea (Departamento de Historia) de la Universidad de Zaragoza firmasen y divulgasen un manifiesto ante la anunciada derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón.
Porque esta ley, no busca otra cosa más que, construir una memoria democrática a partir de un pasado traumático, como hay en tantos y tantos países del mundo. Y también busca dicha norma que esa construcción de la memoria a través del “más riguroso conocimiento histórico es el modo más firme de alimentar nuestra democracia de los principios morales que la fortalecerán frente a los discursos de la exclusión y la intolerancia”. Los profesores en el manifiesto afirmaban que la ley es “un instrumento necesario y eficaz para construir un futuro de convivencia y una sociedad apoyada en valores éticos compartidos.”
Pues bien, está claro que quienes gobiernan Aragón prefieren esos discursos de intolerancia. Y ese es el motivo de querer acabar con esta ley.
Han pasado 48 años de la muerte de Franco, aún hay personas enterradas en lugares desconocidos, aún hay lugares con nombres que recuerdan a la guerra y a la dictadura. Y hoy nos encontramos con que quienes gobiernan en Aragón no se creen lo de “verdad, justicia y reparación”, sino que lanzan mensajes totalmente antidemocráticos. Partidos que instrumentalizan las instituciones (Cortes de Aragón, Ayuntamiento de Teruel, y otros), para promover odio, porque el gobierno de España no lo tienen ellos.
España no es el único país del mundo que tiene problemas para asumir su memoria. Pero sí es el único donde el fascismo no perdió la guerra mundial. Y ese es el motivo por el que quienes vencieron o se sienten herederos de la victoria franquista normalizan todo lo que esta supuso, y ahora vemos proclamas antidemocráticas que serían perseguidas de forma implacable en Alemania, por ejemplo. Estamos viendo cómo hay militares en la reserva que se permiten alentar un golpe de Estado, personas (incluidas representantes de en altas instituciones que insultan al presidente del gobierno de España). Toda esta incitación al odio, está muy relacionada. Aquí nunca se condenó el franquismo por parte de absolutamente todos los que construyeron la democracia en la transición. Y esa es una lacra que arrastramos como país.
Y esa negación a condenar la vemos de forma cotidiana. Recordamos que en 2018 el pleno del Ayuntamiento de Teruel, a propuesta del grupo municipal Ganar Teruel, aprobó colocar en el Ayuntamiento una placa en homenaje a los tres alcaldes de la ciudad que fueron víctimas del golpe de estado, la guerra y la represión. El PP, con Emma Buj como alcaldesa, votó en contra. Pero se quedó solo. No obstante, esa placa nunca se puso, ni hay intención alguna de colocarla. Igualmente, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, aunque no se suprimió la ley de memoria histórica (que supuso un primer avance en 2007), nunca destinó ni un euro a su puesta en práctica.
Está claro que el Partido Popular no quiere poner en valor ni reconocer a las víctimas que murieron por defender la democracia, la legalidad salida de las urnas en 1936, y por eso, cada vez que tiene oportunidad, imposibilita que demos un paso adelante. Porque reconocer los hechos del pasado, frente a discursos negacionistas, es algo que nos hace mejorar como sociedad, nos da más democracia.
El Partido Popular no necesita otros compañeros de viaje para impedir que el reconocimiento a las víctimas y la construcción de una sociedad apoyada en valores éticos compartidos se consoliden en España. Se basta solo.
Ganar Teruel-Izquierda Unida recuerda que siempre va a luchar para que la memoria democrática sea una realidad. Negar los datos, jugar con el lenguaje, llamando dictadura a lo que no lo es, cuando en este país hubo una dictadura de casi 40 años, es una indignidad y una falta de respeto a quienes sufrieron por ella.