Exigimos al Gobierno de Aragón que asuma responsabilidades políticas por la multa de 602.782,59 euros impuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por los graves daños ocasionados en el río Osia tras las obras de la carretera A-2605. En 2020, el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda llevó a cabo la obra de emergencia en el kilómetro 38,25 de la citada vía, en el término municipal oscense de Aragües del Puerto, con el objeto de restituir el terraplén, consolidar el talud, restituir la plataforma de carretera perdida y reconstruir el ancho de la calzada, provocado por las intensas lluvias.

Además, insistimos en la urgencia de acometer la restitución y adecuación hidromorfológica de las obras en el dominio público hidráulico del Osia. Se trata de un entorno de gran valor natural, recuerda nuestro Coordinador General y portavoz en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, quien, desde 2020, lleva reclamando explicaciones y responsabilidades al Departamento de Vertebración del Territorios por las graves afecciones en el cauce de este río.

En concreto, Sanz registró varias preguntas dirigidas al consejero del ramo, José Luis Soro, quien aseguró ya en 2021 que se estaba elaborando a requerimiento de la CHE un proyecto y documento técnico de restauración, restitución o adecuación hidromorfológica de la obra efectuada, y que se tenía la “firme voluntad de cuidar la dinámica fluvial y la geomorfología del río”. “Estamos en 2023, no se ha hecho nada y ahora se añade una cuantiosa multa por parte del ministerio por esta inacción”, denuncia Sanz.

Para Vicente Guerrero, nuestro portavoz en el Alto Aragón y cabeza de lista de IU a las Cortes por la provincia de Huesca, la destrucción del cauce natural del Osia, afectando totalmente a la geomorfología natural del río en varios centenares de metros es una “grave desprotección” de la geodiversidad, una “falta de respeto” por la dinámica del río y una “ausencia total de adaptación al medio natural” en las soluciones adoptadas.

“El procedimiento sancionador se podría haber evitado si el Gobierno de Aragón hubiera iniciado, ya en 2021, los trabajos de restitución funcional y ambiental del cauce conforme a los requerimientos de la CHE”, señala y lamenta que “la Administración autonómica no haya cumplido y ahora tengamos que pagarlo entre todos”.

Por su parte, la portavoz de IU Huesca y Cambiar Huesca y candidata de IU a las Cortes por la provincia de Huesca, Pilar Callén, ha exigido al Ejecutivo que “sea responsable” y actúe de manera “urgente”, porque “no puede ser que las obras de reforma de una carretera, ejecutadas por la Subdirección General de Carreteras de Huesca, provoquen daños ambientales y no se haga nada para solucionar los errores cometidos, por ello, exigimos que se depuren responsabilidades”.