Nos preocupa la falta de seguridad para las personas y para la actividad hotelera en el entorno del Balneario de Panticosa ante la falta de un sistema de protección frente a los aludes y acusa al Gobierno de Aragón de “inacción”.
La legislación vigente obliga al propietario del Balneario a la instalación de barreras antialudes contempladas en el Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral (PEPRI) para poder abrir las instalaciones en temporada invernal. Sin embargo, “sabemos que a día de hoy, no se ha hecho nada”, apunta nuestro Coordinador General y portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, quien registró el pasado otoño una pregunta dirigida al consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, para conocer el grado de cumplimiento del plan de protección de la zona ante los riesgos advertidos en la zona del Balneario de Panticosa y la vigencia de la resolución de la Dirección General de Gestión Forestal que en 2011 revocaba la autorización concebida al promotor para la instalación de un sistema de protección frente a los aludes, ordenaba la retirada de las estructuras colocadas en dominio público y advertía de la situación de riesgo de la obligación, por parte de la promotora de salvaguardar la seguridad de bienes y personas.
La respuesta de Blasco fue “parcial”, solo hizo referencia a la vigencia de la citada Orden de la Dirección General de Gestión Forestal y argumentando “que no es competente en materia de Protección Civil”. Esto motivó que registráramos una pregunta dirigida a la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, quien ha contestado a Sanz asegurando que “no hay constancia de que las instalaciones dispongan de un plan específico de protección civil que permita disponer de un análisis adecuado de los riesgos y las posibles medidas de prevención o de respuesta”. Además, la consejera dice que la Dirección General de Interior y Emergencias va a instar a las entidades involucradas a la presentación de los oportunos planes de autoprotección y protección civil para su homologación ante la Comisión de Protección Civil de Aragón.
La realidad es que la empresa mantiene la actividad operativa en todo el complejo durante los 12 meses del año a pesar de no contar con el plan que exige la ley, “presentando una situación de alegalidad y riesgo”, como ha sucedido este primer fin de semana de marzo en el que el peligro de aludes han obligado a cerrar la única carretera de acceso al complejo, la A-2606 dejando atrapadas a medio centenar de personas.
“No puede ser una excusa que la empresa sea la responsable instalación de barreras antialudes, el Gobierno de Aragón debe ponerse a trabajar y velar porque se cumpla con la legislación y velar por la seguridad de personas y bienes, vigilando las diferentes actividades que allí se producen en periodo invernal, en el marco de las competencias de cada una de ellas”, concluye Sanz.