Mostramos nuestro absoluto rechazo al cese de la actividad en la central térmica de Andorra en 2020, “porque no se han puesto en marcha las medidas necesarias para la reconversión de la economía en la cuenca minera turolense y su cierre conllevará la pérdida de 500 puestos de trabajo directo y 4.000 indirectos”, señala nuestro Coordinador General, Álvaro Sanz, para denunciar “la falta de compromiso real de las Administraciones, especialmente el Estado, con la reconversión, con el proceso necesario para generar nuevas alternativas que garanticen el futuro de este territorio”.
En su opinión, “el cierre en 2020 se va a realizar, si no se toman medidas contundentes y efectivas que lo eviten, sin una transición justa y no puede ocurrir que sea el territorio y sus gentes los damnificados como siempre y que la empresa se lleve los beneficios”.
Cabe recordar que la Coordinadora ha aprobado por unanimidad una propuesta de resolución en la que muestra su absoluto rechazo a esta decisión y su apoyo y solidaridad con las gentes de Andorra y comarca. Por ello, exigimos a la empresa propietaria de la Central que realice las inversiones necesarias para adaptarla a las exigencias medioambientales de la Unión Europea y alargue su período de vida en cumplimiento de los compromisos contraídos históricamente con los trabajadores y trabajadoras de Andorra y la comarca minera.
En cuanto al Gobierno del Estado, es de máxima urgencia su actuación para recuperar el control público del sector energético en España por su relevancia social, económica y estratégica; y como medida de aprovechamiento racional de los recursos energéticos del país y redistribución de la riqueza.
En este sentido, reclamamos al Gobierno del Estado la redacción, presentación y aprobación de un Plan Energético Nacional que sitúe en el año 2050 el horizonte del 100 % de Energías renovables y autosuficientes. “Mientras tanto exigimos una alternativa de reindustrialización a las cuencas mineras asegurando, hasta entonces, una reserva estratégica de carbón nacional que permita la transición justa”, señala Sanz para reiterar la necesaria prohibición de importar carbón y, hasta entonces, imponer una ecotasa al carbón no autóctono.
“De ejecutarse el cierre, -continua- dejarán vendida a las cuencas mineras aragonesas, las dejará sin futuro inmediato y, por ello, exigimos al Gobierno del Estado y de Aragón que, de manera urgente, urgentemente creen un Plan de Desarrollo Económico en Andorra y las Comarcas Mineras que sea capaz de atraer nuevos proyectos empresariales, genere empleo y diversifique la economía de los pueblos mineros.
“La cuenca minera aragonesa está sufriendo la “incapacidad” de este Gobierno y de los anteriores para construir una alternativa real para la economía de esta zona que garantice la vida en un territorio que hoy depende del sector”, concluye.