Exigimos al Gobierno de Aragón corregir y mejorar las actuaciones y procesos indicados sobre el personal docente interino con discapacidad y devolverles la “dignidad y respeto necesarios y justos”. Nuestro Coordinador y portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, presentará este jueves en el Pleno una proposición no de ley en la que, además, reclamamos que se articulen los mecanismos que garanticen el cumplimiento de la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón.
La iniciativa emana de los problemas a los que cada año se enfrenta el profesorado interino con discapacidad. A pesar de que la citada ley les da cobertura, el colectivo del profesorado con discapacidad advierte que no está recibiendo un tratamiento acorde a sus circunstancias por parte de la administración aragonesa. “Esto se acentúa en el colectivo interino con discapacidad que sufre situaciones de discriminación, totalmente inaceptables en la sociedad actual”, apunta el diputado.
La situación habitual es que el procedimiento marcado en la normativa para proceder a la adaptación al puesto de trabajo es bastante “complejo y lento” y puede dilatarse durante 3 meses o más. Cabe destacar que, durante ese periodo, el profesorado con discapacidad no tiene adaptación al puesto de trabajo y debe trabajar en condiciones ordinarias, lo que supone casi siempre una afección “negativa” a su salud, de manera que es frecuente que tengan que visitar los servicios médicos y que, en muchas ocasiones, dichos servicios dictaminen bajas médicas de este profesorado por trabajar en unas condiciones que dañan su salud. A esto hay que añadir los problemas organizativos derivados para el centro educativo y para el alumnado, con sustituciones y cambios del profesorado que podrían ser “totalmente evitables”.
“Durante los meses de tramitación administrativa, el profesorado con discapacidad está sometido a un sistema de trabajo superior a sus fuerzas y no adaptado a sus condiciones de salud en el ámbito laboral, incumpliendo la ley”, denuncia Sanz.
Ante esta situación, el Justicia de Aragón efectuó en 2020 una “sugerencia” al Departamento de Educación en la que le recomendó que “las adaptaciones que tiene el profesorado interino con discapacidad se prolonguen en los nuevos centros de destino de dicho profesorado hasta que se apruebe una nueva adaptación.” Transcurrido un mes, el Justicia de Aragón volvió a solicitar a Educación su respuesta, ya que el consejero del ramo, Felipe Faci, no había contestado. Hubo que esperar a diciembre de 2020, mes en que el consejero contestó al Justicia no aceptando la sugerencia emitida por éste.
En este sentido, cabe recordar que Inspección de Trabajo ha dictado resolución, en alguna ocasión, en la que se reconocía la falta de cumplimiento de las adaptaciones del puesto de trabajo del personal docente interino con discapacidad.
Además,, tenemos constancia de que en algunos casos el trato que ha recibido este profesorado, por parte de algunos miembros de los servicios encargados del procedimiento administrativo para las adaptaciones al puesto de trabajo, no ha sido suficientemente respetuoso, correcto, apropiado y empático.
Por todas estas razones, defenderemos en el Pleno de esta semana una proposición no de ley para corregir y mejorar las actuaciones y procesos indicados sobre el personal docente interino con discapacidad y sobre la que esperamos el apoyo unánime de la Cámara.