Exigimos al Gobierno de Aragón que mejore las condiciones mínimas que deben cumplir las residencias de mayores y de discapacidad y, en esta dirección, presentaremos en el Pleno de las Cortes de este jueves una proposición no de ley. En ella, reclamamos al Ejecutivo PP-VOX-PAR que asegure en la ley de presupuestos de 2024 las cuantías necearías para ello, aprobar en el primer semestre del próximo año la modificación del Decreto 111/1992, de 26 de mayo, que las regula, e incorporar medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en los centros residenciales que se pueden impulsar con el apoyo del Plan de Choque estatal.
Nuestro Coordinador General y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, advierte que los criterios mínimos que deben reunir los centros residenciales están recogidos en una normativa “obsoleta” ya que data de 1992 y recuerda el consenso que existe en torno a la necesidad de actualizarla, como aparece en el Dictamen de la Comisión especial de Estudio de los centros residenciales que aprobó las Cortes de Aragón en mayo de 2021 y en el Plan de Choque de la dependencia, que incluso dota de financiación específica para impulsarlo.
Esta actualización requiere de un presupuesto destinado a ello porque implica mejoras en las ratios del personal cuidador y adecuar, por tanto, el precio de la plaza para cubrir los gastos de ésta y poder aplicar el modelo de atención centrado en la persona, así como aumentar las plazas públicas residenciales para evitar que la capacidad económica impida una atención de calidad a las personas dependientes.
La semana pasada, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, compareció en las Cortes para presentar el presupuesto de su Departamento para 2024 y anunció un aumento de plazas concertadas aunque no quiso abordar la cuestión de la mejora del precio, priorizando el aumento del número de plazas.
“El tiempo pasa y no se está haciendo nada para mejorar la calidad de vida de estas personas, a pesar del compromiso adquirido en las instituciones”, lamenta Sanz quien defenderá en el pleno la modificación del Decreto 111/1992, de 26 de mayo, para la elaboración de una nueva normativa que regule las nuevas tipologías de servicios y centros de servicios sociales especializados, incorporando en la gestión los principios del modelo de atención centrada en la persona y adecúe los perfiles profesionales y ratios de personal a la realidad actual, diferenciando la atención directa del resto del personal de los centros, trasponiendo los acuerdos de mínimos recogidos en la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
En IU defendemos un sistema público, de acceso universal y con servicios de calidad, centrado en las personas y que atienda las necesidades reales de quienes se ven abocadas a vivir en las mismas.
Para Sanz, “la pandemia puso de relieve la situación en la que viven nuestros mayores y las personas con discapacidad en las residencias y la privatización del sector que se ha desarrollado en los últimos años ha llevado a la precariedad del sector que desarrollan un trabajo de cuidados muy poco valorado y que también es necesario revertir”. El personal de atención directa, muy feminizado, tiene salarios por debajo del salario mínimo que hay que dignificar. “Creemos que no hay que demorar cambiar esta situación y cumplir los compromisos adquiridos y nuestra PNL va en esa dirección”, concluye.