“Es inconcebible, un despropósito y un grave menoscabo para nuestro municipio”. Así ha calificado la alcaldesa de Pozuel de Ariza, Encarna Bermúdez, la “inmatriculación exprés” de la iglesia parroquial del municipio por parte del Obispado de Tarazona.
La alcaldesa de Izquierda Unida tuvo conocimiento de esta nueva inmatriculación porque se lo comunicó al Ayuntamiento el Registro de la Propiedad de Ateca. En su opinión, la diócesis de Tarazona ha actuado con “premeditación y alevosía” ya que la inscripción se realizó a poco más de un mes del fin del “plazo” para que dejara de estar en vigor el precepto de la Ley Hipotecaria que permitió a las instituciones católicas anotar a su nombre templos y edificios destinados al culto.
La Ley Hipotecaria de 1946 permitió que la Iglesia registrase como propios los bienes que carecían de propietario, con excepción de lugares de culto católico. Sin embargo, en el año 1998, el gobierno de Aznar amplió por Decreto esta ley, permitiendo también el registro de los templos. Desde ese año, la Iglesia Católica ha hecho un expolio de miles de bienes que son patrimonio del Estado constituyendo el “mayor pelotazo inmobiliario, cuando menos, en la historia de la democracia”, recuerda Encarna Bermúdez.
Por su parte, la portavoz de IU en las Cortes, Patricia Luquin, insta al Gobierno de Aragón a “reaccionar y dar una respuesta”. “Deben defender los bienes y a los ciudadanos y ciudadanas, no se puede permitir que el Estado Vaticano se quede con un patrimonio de todos y de todas las aragonesas y que catedrales, parroquias, capillas, plazas o espacios públicos se las quede la Iglesia”, ha subrayado.
“Exigimos que se devuelva lo usurpado y entendemos que el Gobierno de Aragón no puede cerrar los ojos ante esta situación”, ha señalado la portavoz de Izquierda Unida que reclama también al Ejecutivo que investigue y revise las anotaciones realizadas por la Iglesia Católica tras la reforma de 1998 y, cuando sea posible, pedir su revocación en los tribunales.
“Defendemos lo público”, ha manifestado Luquin y, por ello, “abogamos por que se declaren como nulas todas las apropiaciones y se devuelva al pueblo todo el patrimonio que la Iglesia Católica ha expoliado”.