Esta mañana hemos mantenido una reunión con el comité de empresa de la planta de Bosal en Pedrola (Zaragoza) para abordar el cierre anunciado por la multinacional y que afectará a 131 trabajadores. Tras el encuentro en las Cortes de Aragón, nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, y el presidente del comité, David Chico, han comparecido en rueda de prensa.
Sanz ha tachado la decisión de Bosal de “indecente” y ha subrayado que el 80% de la plantilla tiene entre 50 y 60 años. Cuestión, para Sanz, que requiere “una atención que el Gobierno de Aragón no puede desoír”. “Después de 30 años de actividad productiva, no se merecen no ser apoyados, ni sufrir un cierre perpetrado en pleno agosto”, ha criticado el diputado.
“Es una multinacional que ha presentado beneficios pero gracias a una ‘ingeniería contable’ pretende justificar una situación económica que aboque a la realidad del concurso de acreedores, que debería ser estudiada por la Administración porque no reúne las condiciones jurídico-legales oportunas”, ha señalado Sanz.
“Vamos a indagar y vamos a pedir, también al Gobierno de la nación, todas ayudas y subvenciones que haya recibido esta empresa y exigimos al Gobierno de Aragón que, igual que pone alfombras rojas a las empresas para que vengan a esta tierra, se comprometa con los 131 trabajadores”, ha reiterado Sanz para manifestar nuestro apoyo a la plantilla y a sus familias.
Exigimos al Gobierno de Aragón que haga lo posible para que esta empresa no cierre y, de producirse, asegure que sea en unas condiciones dignas para sus trabajadores. Además, reclama que elabore un plan de recolocación para garantizar el futuro a la plantilla.
Por su parte, el presidente del comité de empresa, David Chico, ha defendido que en el caso de que la empresa no retome la actividad quieren que se sienten a negociar “las condiciones dignas que nos merecemos los trabajadores con los mínimos que marca la legislación como punto de partida”. Asimismo, ha anunciado que el comité se reunirá mañana miércoles en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) con la dirección, a la que exigirá la reapertura de la factoría o que pague las indemnizaciones conforme a la legislación vigente. La reunión comenzará a las 12.30 horas y una hora antes, a las 11.30 horas, habrá una concentración a las puertas de este organismo.
Chico ha advertido que la intención de la empresa es presentar el concurso de acreedores y “eximirse de cualquier tipo de indemnización, de manera que sean las arcas del Estado las que asuman el coste de los despidos, si finalmente cierra, además de eximirse de pagar la cotización a la Seguridad Social a la que obliga un ERE para mayores de 55 años”.
El presidente del comité de empresa ha agradecido nuestra atención y ha solicitado al resto de grupos parlamentarios y al Ejecutivo aragonés que “esté encima e investigue lo que a nuestro parecer es un acto muy premeditado por parte de la dirección del grupo”.