Esta semana centraremos nuestra actividad de impulso y de control al Gobierno de Aragón en el Pleno de las Cortes en la planificación de la actividad económica y productiva desde la sostenibilidad. En concreto, el jueves, nuestro portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, defenderá una Proposición no de Ley relativa a los Planes Extraordinarios de Sostenibilidad Turística y el viernes, reclamará al consejero de Vertebración del Territorio que aclare el cambio de criterio impulsado por del Gobierno de Aragón en el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza (CPUZ) permitirá instalar proyectos fotovoltaicos de gran impacto en suelos no urbanizables protegidos.
Sanz ha recordado, en rueda de prensa, el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo (donde están todas las CCAA y el Ministerio de Industria) del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Aragón en la convocatoria de 2022 por el que recibirá 33,7 millones de euros para 5 Planes Extraordinarios de Sostenibilidad Turística, de los que la unión de las estaciones Astún-Candanchú con Formigal se va a llevar 26,4 millones.
Este proyecto se va a llevar el 78% del total del presupuesto, algo que nos preocupa por varios motivos. Por una parte, hay que recordar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) es el proyecto de país para la modernización de la economía española y para responder a los retos de la próxima década a través de cuatro ejes transversales: transición verde, transición digital, eliminación de brechas de género y avanzar en cohesión e inclusión.
Este Plan se desarrolla en componentes y el 14 el que corresponde al Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico, organizado en torno a 4 grandes ejes. Sanz ha señalado que la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos se sitúa en el de “Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad” y según ésta se debe centrar en la triple dimensión medioambiental, socioeconómica y territorial de manera que fortalezca la cohesión territorial. Por lo tanto, que el 80% de estos fondos se destine a una única actividad, en este caso al sector de la nieve evidencia el Plan Territorial de Aragón es profundamente “injusto” e “incumple” con los objetivos y la filosofía de los fondos de recuperación y resiliencia y de la estrategia de sostenibilidad turística en aspectos como el desarrollo armonioso de todo el territorio, la sostenibilidad medioambiental, resiliencia, adaptación de actividades económicas al cambio climático, el equilibrio y la cohesión territorial, la desconcentración de la actividad turística, la diversificación de la oferta turística negando las oportunidades al resto de comarcas aragonesas, que requieren de estos fondos para desarrollar proyectos de turismo sostenible con financiación al 100%.
Sanz ha recordado que ya en 2021 la convocatoria de estos fondos ya incluyó a los dominios esquiables como principal destino con un importe 26,1 millones de los 29 que totalizó el plan aragonés, a los que hay que sumar los 3 millones comprometidos por la DPH y los 9 millones extra comprometidos por la consejera Gastón para la unión de Astún y Candanchú, todo dinero público.
64 millones de dinero público dedicado a dominios esquiables y para medir la importancia de lo que suponen estos fondos hay que pensar que el Plan Aragonés de Estrategia Turística 2021-2024 contempla un presupuesto de aproximadamente 14 millones de euros cada anualidad (56 millones en total).
La selección y decisión, por parte del Gobierno de Aragón, del proyecto de la unión de estaciones de esquí del Valle del Aragón con las del Valle de Tena, por el entorno natural de alto valor de Anayet y Canal Roya, que se lleva casi el 80 % de los fondos para el turismo sostenible que le corresponden a la comunidad aragonesa es “inaceptable” porque “se comete un atentado contra el medio ambiente”, porque “el Anayet Partacua cuenta hoy con un PORN por sus valores ambientales”; porque “el gobierno incumple el acuerdo de investidura sobre la protección de las montañas”; también incumple el acuerdo de la EARSE por el cual ninguna medida de recuperación tenía que suponer una merma para los valores medioambientales y los objetivos y la filosofía de los fondos de recuperación y resiliencia y de la estrategia de sostenibilidad turística; va contra la diversificación de la oferta turística; niega el reparto justo de los fondos en el territorio y niegan las oportunidades al resto de comarcas (se seleccionaron tan solo 5 proyectos de los 30 que presentaron el conjunto de las entidades locales aragonesas).
Por todo ello, reclamaremos con nuestra PNL es que el Gobierno de Aragón repiense el Plan Territorial de Aragón, rechace el actual y se haga uno nuevo que reparta los fondos por el territorio de manera más equilibrada y responda a los objetivos de los fondos europeos. Una iniciativa que la formación política y social está presentando en ayuntamientos y comarcas.
Planificación de las renovables
En la sesión de control al Gobierno que se celebrará el viernes, Sanz preguntará al consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, por el cambio de criterio del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza sobre los usos en los suelos no urbanizables protegidos.
El diputado ha hecho referencia a la denuncia que han hecho los representantes de las organizaciones de defensa de la naturaleza sobre la situación que se está generando en el Consejo de Urbanismo de la provincia de Zaragoza por haber cambiado el criterio en los informes de la Dirección General de Urbanismo. Y es que, a pesar de que el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza cuenta con una figura específica de protección como Suelos No Urbanizables de Espacio Natural (SNU EN) y afectados por el Lugar de Interés Comunitario “Planas y estepas de la margen derecha del Ebro”, los informes que lleva la Subdirectora al Consejo provincia determinan ahora que los usos de plantas fotovoltaicas “pueden ser compatibles” con el planeamiento.
Según el portavoz este hecho supone un importante cambio de criterio técnico, a pesar de informes de otros técnicos que mantienen la incompatibilidad de estos usos en esos suelos protegidos, como venía haciéndose al informar de otros parques solares dictaminados con anterioridad; por ejemplo, varias fases anexas el pasado mes de febrero. “La interpretación está permitiendo la construcción de instalaciones de todo tipo, pero fundamentalmente energéticas, sobre suelos de alto valor ambiental con protección contra la alteración de los valores naturales”, ha advertido.
Cabe recordar que la Ley Urbanística de Aragón manifiesta que son principios y objetivos de la actividad urbanística el desarrollo sostenible, el uso racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Y los ayuntamientos son los competentes en ejercer esta materia que, por muchas presiones que haya, se tiene que considerar.
Según Sanz, esta nueva situación “pone en peligro” toda la zona de las Estepas Sur del Término de Zaragoza y deja desamparados a los ayuntamientos que rechazan las megainstalaciones energéticas en las áreas que consideran con valores naturales merecedores de protección.
Por otro lado, ya preguntamos sobre otros conflictos entre informes técnicos de esta Dirección General, dependiente del departamento de José Luis Soro, que facilitan la instalación de parques eólicos en zonas de alto valor ecológico. En este sentido, Sanz ha recordado la amenaza del consejero de Industria, Arturo Aliaga, a los ayuntamientos que querían establecer moratorias y limitaciones para proteger sus suelos por la vía urbanística, en este caso se trata de suelos ya protegidos por el competente en materia urbanística, los ayuntamientos, lo que abre la puerta a la incapacidad total de éstos ante el ataque a sus valores naturales. “Hemos presentado la sexta queja por la falta de respuesta de Aliaga a la solicitud de información sobre este asunto”, ha apuntado Sanz, quien espera que Soro sea claro y convincente en su respuesta este viernes y garantice la competencia y autonomía municipal para proteger por la vía se los planeamientos urbanísticos la protección de los suelos de alto valor ecológico, y que muestre un compromiso firme con la protección del territorio frente al abuso de la instalación desordenada de macroparques eólicos y fotovoltaicos, incluso en zonas que ya cuentan con figuras de protección