Es necesario impulsar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia y para ello hemos registrado una proposición no de ley que defenderá mañana nuestro portavoz, Álvaro Sanz, en el Pleno de las Cortes con medidas concretas.
Aragón, que tiene competencia exclusiva en materia de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, así como de Asistencia y Bienestar Social, ha desarrollado diferente legislación y establecido herramientas que “no siempre se han llegado a implementar completamente” como la Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación que contemplaba un Consejo para la promoción de la accesibilidad y eliminación de barreras que “nunca se llegó a hacer efectivo” y que “en teoría” asumió el Consejo aragonés de servicios sociales con una aplicación limitada de esta actuación.
Para Álvaro Sanz, en nuestra comunidad tenemos un “grave problema de accesibilidad” en los edificios destinados a vivienda que generan que personas mayores no puedan salir de sus domicilios y que requiere de intervención pública para subsanar esta situación y garantizar el derecho a la accesibilidad. Además, aunque en la Estrategia del Mayor se identifica y prioriza esta situación, “no aparecen medidas específicas para corregirlas”, explica.
El ordenamiento jurídico no desconoce esta situación y ha desplegado medidas de acción positiva en favor de un acceso más normalizado de las personas con discapacidad y personas mayores a una vivienda digna como la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que ha experimentado diversas modificaciones, a lo largo del período democrático, para facilitar las obras de accesibilidad. En los años 2011, 2013 y 2019, esa misma ley ha experimentado modificaciones parciales pero, en opinión de Sanz, siguen “sin solventar” la cuestión de fondo y es que el régimen legal de propiedad horizontal no llega plenamente al acceso digno y al mantenimiento en condiciones de dignidad y adecuación de las personas con discapacidad y personas mayores a una vivienda.
El Gobierno de Aragón dispone de ayudas para la rehabilitación de edificios pero éstas son de concurrencia competitiva por orden de solicitud, por lo que no hay seguridad de entrar a la subvención, además de que limita la subvención a un gasto del 40% del coste subvencionable, sin superar las cuantías unitarias de 8.000 €/vivienda y 80 €/m2 de local, aunque la hace compatible con otras subvenciones en un 80% que llega al 100% si hay vulnerabilidad, obligando a solicitar diferentes subvenciones para cubrir los gastos.
Por otro lado, la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón, recoge en su artículo 51, los planes de accesibilidad y señala explícitamente que se realizará un diagnóstico integral sobre accesibilidad en el plazo máximo de un año desde la aprobación de esta Ley. Esperamos que este diagnóstico se haya realizado ya que se incluye dentro del Plan de acción integral para las personas con discapacidad en Aragón 2021-2024 que acabó su proceso participativo el pasado noviembre de 2021 y hoy se ha aprobado en el Consejo de Gobierno.
Asimismo, en nuestra iniciativa hacemos referencia al Real Decreto 1100/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de actuaciones de la inversión «Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que supuso la financiación de 1.651.540,51 en 2021 para estas actuaciones.
Por todo ello, proponemos que las Cortes insten al Gobierno de Aragón a elaborar un mapa donde se identifiquen los edificios que requieren de actuaciones en materia de accesibilidad a partir de las actuaciones hechas en la aplicación de la Estrategia del mayor que se incorpore al diagnóstico de los planes de accesibilidad y a realizar, antes del verano, el diagnóstico integral sobre accesibilidad pendiente desde el 2010 que aborde las actuaciones pendientes en materia de vivienda.
También demandamos al Ejecutivo que impulse financieramente los planes de accesibilidad de las entidades locales que incluyan la actuación sobre edificios de viviendas particulares que requieran de esta actuación, que sus subvenciones en materia de rehabilitación cubran el 100% de la actuación en los casos de vulnerabilidad y que facilite la gestión conjunta de subvenciones para las mismas actuaciones.
Por último, en nuestra iniciativa incluimos dos puntos más para la creación de un grupo de trabajo sobre accesibilidad y barreras arquitectónicas que realice el seguimiento de las actuaciones y proponga medidas para potenciarlo y para instar al Gobierno de la nación a realizar las modificaciones legales necesarias para garantizar la accesibilidad de los edificios.