Exigimos al Gobierno de Aragón que cumpla con su obligación de garantizar la calidad de los servicios sociales públicos, dañada por las externalizaciones. Para ello, mañana en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes una moción con la que pretendemos poner en marcha herramientas que permitan asegurar y hacer cumplir a la Administración con esta obligación.
Nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha lamentado en rueda de prensa la reducción de la gestión directa de los servicios sociales en favor de la concertación y de la externalización a través de contratos. El mecanismo ha sido ir reduciendo la plantilla, no cubrir vacantes o no ampliar las plazas que se requieren para llevarlo a cabo, “hasta que su deterioro empuja a que se resuelva mediante la concertación, fundamentalmente”, ha criticado.
“Con la concertación, -ha explicado Sanz- se delega la responsabilidad de las condiciones del servicio que incluye las condiciones laborales directamente relacionadas con la calidad y se debilita lo público que se va reduciendo a gestor de dinero” de todos a entidades que son las que desarrollan y ejecutan los servicios. Nos preocupa porque hay entidades que “no cumplen” con las condiciones laborales y “no hay consecuencias”.
Para Sanz, “debemos aprender de la pandemia y de lo que ha pasado en las residencias de mayores”. La calidad de la atención en servicios sociales se relaciona directamente con la calidad del empleo de quien lo presta y la inspección debe garantizar los derechos de las personas usuarias y no solo los indicadores de calidad basados en presentar una documentación concreta.
Abogamos por la gestión directa porque permite asegurar condiciones laborales, generar estrategias de innovación social que se trasladen e incorporen a la Administración, garantizar capacidad de actuación y dar la cobertura sin estar expuestos a que queden vacantes los concursos, sobre todo en las zonas más despobladas del territorio, que también necesitan servicios y que se deben garantizar.
En este sentido y para evitar que aún se pierdan más servicios en esta lógica, planteamos en su moción reforzar la plantilla de los servicios de gestión directa con los profesionales adecuados y elaborar un Plan de inspección de conciertos que incluyan indicadores sobre calidad, trato adecuado y buenas prácticas, que permitan evaluar junto al cumplimento de los indicadores estructurales o de proceso, el impacto de las actuaciones y de la gestión de los servicios en la calidad de vida y en los derechos de las personas usuarias. También instamos al Ejecutivo a realizar un informe anual de las inspecciones realizadas en los centros concertados y las medidas adoptadas para mejorar la calidad de los servicios.
Factores estructurales a corregir
Lamentamos la tendencia que existe hoy en día a la “infravaloración profesional” de la acción social y denuncia que la estrategia “habitual” de las entidades de “abaratar costes” a través de la contratación de categorías inferiores. Por este motivo, creemos fundamental que se especifique qué perfiles y cuántas plazas de cada categoría se deben contratar y por ello en su moción reclama que se determinen en los pliegos de los conciertos los profesionales necesarios para la cobertura de la calidad de los servicios, de acuerdo a los convenios de referencia e incorporando las plazas necesarias para ello. Así como actualizar dichas condiciones cuando fuera necesario.
Menores
En cuanto a los centros de menores, reclamamos velar por una adecuada política de contratación de las entidades, porque es algo que “no se hace y que tiene relación directa con la calidad”. Por ello, demandamos que en los centros de menores, con dirección pública, se realice un seguimiento intensivo del cumplimiento de las condiciones de los conciertos, incluidos los perfiles profesionales contratados, por parte de dicha dirección.
Para Sanz, se debe evitar la tendencia a “replicar pliegos” que alargan en el tiempo las dificultades “sin generar estrategias”, que mejoren las condiciones del servicio, adecuándose a su realidad. Así que, de cara a la elaboración del próximo pliego del Centro de Reforma de Zaragoza (CEIMJ), creemos que sería el momento de ponerlo en marcha y de ahí el último punto de la moción en el que reclama configurar una mesa con representación de los trabajadores, de la empresa contratada y de la Administración para evaluar las condiciones del actual pliego del centro y recoger las necesidades y propuestas de solución que debe recoger el próximo pliego.
“La deriva por la externalización debe acompañarse de seguimiento y de buenos pliegos que lo permitan y mejoren los servicios. De lo contrario la Administración incumple su obligación de garantizar la calidad en unos servicios muy sensibles y que son su responsabilidad”, ha concluido.