Instamos al Gobierno de Aragón a reforzar y mejorar los servicios sociales de base. Para ello, nuestro Coordinador general y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, presentará mañana en la Comisión de Ciudadanía y Servicios Sociales de las Cortes una iniciativa para instar al Ejecutivo a elaborar un diagnóstico de los servicios sociales de base que recoja tiempos medios de lista de espera, configuración actual de los equipos, volumen de atenciones en los diferentes programas y prestaciones en los que tienen competencia y peso de las actuaciones administrativas y comunitarias en el trabajo diario de los y profesionales y a realizar un diagnóstico participativo de las prestaciones, programas e instrumentos de inclusión actuales que visibilice fortalezas y debilidades.
También proponemos al Gobierno que garantice el liderazgo y protagonismo de los servicios sociales de base en el desarrollo y ejecución de las actuaciones enmarcadas en el convenio del plan de recuperación, transformación y resiliencia y que elabore, a partir del diagnóstico de las herramientas de inclusión el reglamento del Servicio Público Aragonés de Inclusión Social.
En otro punto de su iniciativa, pedimos al Ejecutivo actualizar las ratios establecidas en el Decreto regula la organización y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en Aragón e incluir las ratios que correspondan para el desarrollo de programas de servicios sociales especializados, con funciones o tareas de competencia compartida o concurrente entre diferentes administraciones públicas que permita optimizar la contratación de profesionales. Por último, reclamamos que diseñe procedimientos que reduzcan la carga burocrática de estos centros y la duplicidad de entrevistas y tramites en los ámbitos relacionados con competencias compartidas, como las relacionadas con la Atención a la Dependencia.
El Sistema Público de Servicios Sociales está integrado por el conjunto de servicios sociales de titularidad pública, tanto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón como de las entidades locales aragonesas, que se configura como una organización fuertemente descentralizada en el ámbito local.
Según la Ley de Servicios Sociales de Aragón, “corresponde a las entidades locales aragonesas la gestión de las prestaciones propias de los servicios sociales generales y de aquellas otras establecidas en el Catálogo de Servicios Sociales….La gestión de los servicios sociales generales es responsabilidad propia de los Centros de Servicios Sociales…. Y que los Servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación social; de intervención familiar; de promoción de la animación comunitaria y de la participación; y de prevención e inclusión social, son servicios sociales generales de gestión directa que se desarrollarán desde el Centro de Servicios Sociales”. Así mismo recoge que el Centro de Servicios Sociales habrá de reforzarse con las y los profesionales oportunos.
En cuanto a la Ley 3/2021, de 20 de mayo, por la que se regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social, ésta recoge en su artículo 14 que “las prestaciones, programas e instrumentos orientados a prevenir el riesgo de exclusión, paliar situaciones de exclusión personal, social y laboral, y facilitar la inclusión de las personas y grupos vulnerables en situación de riesgo o exclusión social se desarrollarán reglamentariamente, con el siguiente contenido mínimo: Los servicios, equipamientos y profesionales que intervendrán en los diferentes niveles de intervención de apoyo social, sociolaboral o laboral; los programas de intervención recogidos en el Plan de Atención e Inclusión Social; los instrumentos de inclusión constituidos por el Acuerdo de Inclusión Social, los Itinerarios integrales personalizados de inserción, los módulos operativos de intervención y los programas y proyectos de inclusión social y laboral,; los recursos disponibles por los diferentes departamentos implicados en los procesos de inclusión.
El Reglamento para el que el Gobierno de Aragón estableció cuatro meses para desarrollarlo todavía no se ha elaborado. Esto sucede porque el Decreto por el que se regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital “solo” regula las prestaciones económicas pero “deja fuera” el servicio público de inclusión.
Por último, el 16 de diciembre del 2021 se procedió a la firma del convenio entre la Administración General del Estado y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales para la realización de un proyecto de intervención e inclusión social en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Dicho convenio, presentado este lunes, tiene como objeto la realización de proyectos pilotos innovadores para el desarrollo de itinerarios de inclusión social y su evaluación.
Por todo ello, creemos que es el momento de que el Gobierno de Aragón refuerce y mejore los servicios sociales de base y espera que mañana en las Cortes los grupos parlamentarios respalden su iniciativa.