Defenderemos en el Pleno de las Cortes de Aragón una proposición no de ley con medidas explícitas para acabar con la clara desigualdad entre la remuneración que perciben, en promedio, las mujeres y los hombres por el trabajo asalariado, la llamada “brecha salarial” de género y que en Aragón es más alta que la media nacional.

Nuestro Coordinador y portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, explica que entre los factores que lo generan uno muy relevante son las tasas de parcialidad, la temporalidad y, por supuesto, la “infravaloración de las categorías feminizadas”. En su opinión, “muchas de las categorías feminizadas no están bien valoradas en cuanto a cargas de trabajo que realizan o relación con la toxicidad de los productos que emplean, resultando perjudiciales en comparación con otras categorías similares masculinizadas.

El diputado advierte que las administraciones públicas disponen de herramientas para revertir y corregir esta situación. En el propio ámbito de la Administración, Sanz considera “significativo” que las profesionales vinculadas al cuidado en educación no se encuentren incorporadas a la relación de plazas de los centros educativos lo que hace, entre otras cuestiones, que no les corresponda el pago del verano. Así, a los docentes que trabajan 7 meses les corresponde el pago del verano, pero a las profesionales del cuidado, a pesar de trabajar todo el curso, no les corresponde porque son contratos temporales, aun cuando esa plaza se requiere todos los cursos.

Además, en muchos casos, como ya denuncióamos en relación con las auxiliares de educación especial, son jornadas parciales que no se explican más que desde la perspectiva del “ahorro presupuestario”. Para Sanz, es un ejemplo paradigmático de “parcialidad” y “temporalidad” que suponen una “infravaloración” de las profesiones vinculadas con los cuidados y altamente feminizadas.

Asimismo, el Plan de igualdad de la Administración de la Comunidad recogía como medida a implementar la valoración de puestos de trabajo de la DGA mediante un sistema objetivo y en el marco de la negociación colectiva. Entendemos que esta medida es “relevante” e incide en la valorización de los puestos y, por eso, cree que se deben “priorizar” las categorías feminizadas que son las que tradicionalmente se han “infravalorado”.

Por otro lado, el próximo 7 de marzo se cumple el plazo de dos años que se dio a las empresas con entre 50 y 100 personas en plantilla para que pusieran en marcha su Plan de Igualdad. Sin embargo, según las últimas informaciones, sólo 4.560 de las 30.000 empresas que hay en España con obligación de tener un plan de igualdad lo han registrado oficialmente. Es necesario corregir esta situación y, por eso, incluimos en nuestra proposición no de ley que ésta sea una de las actuaciones prioritarias de inspección de trabajo en Aragón, además de la detección y superación de situaciones de discriminación salarial que pudieran darse.

Por ultimo, el estudio sobre este tema que hizo el grupo de trabajo de Igualdad del Consejo de Relaciones Laborales de Aragón en 2019, “Análisis de los convenios colectivos sectoriales de aplicación en Aragón”, señala que muchas de las medidas eran “meramente declarativas sin efectividad real”. Por este motivo, el diputado Sanz asevera que “no solo necesitamos que se elaboren planes de igualdad sino que éstos sean efectivos y de calidad”. Algo que recoge la ley aragonesa de Igualdad de Oportunidades en su artículo 41 sobre Igualdad en el trabajo, donde se plantea que el Gobierno de Aragón, en el ámbito de sus competencias, promoverá que se revisen los convenios y categorías profesionales para detectar sesgos de género y revertirlos, así como que se implanten planes de igualdad de calidad.

En este sentido, planteamos en nuestra PNL que este grupo de trabajo consensúe la herramienta que permita valorar objetivamente los planes y convenios sectoriales de aplicación en Aragón para conseguir dicho objetivo.

Todas estas actuaciones, junto a las que hemos impulsado que promueven la creación de un sistema público de cuidados para corregir la “relevante carga” que todavía hoy tienen las mujeres, son dos caras de una misma moneda para reducir desigualdades de género donde la brecha salarial es evidente y supone un mayor riesgo de pobreza para las mujeres”, concluye Sanz.