Este viernes nuestro Coordinador y diputado, Álvaro Sanz, trasladará al Pleno de las Cortes de Aragón la preocupación social ante previsible aumento de los desahucios cuando se empiecen a notar los efectos de la crisis sanitaria y el 9 de agosto finalice la protección actual a las familias vulnerables.
El Gobierno de España estableció la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional con la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y con la finalización del estado de alarma se aprobó el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, que prórroga la suspensión de los desahucios hasta el 9 de agosto de este año.
Sanz señala que, ante la aproximación de la fecha que ponga fin a la suspensión extraordinaria de los procedimientos de desahucios, “se prevé una reactivación” de los procedimientos judiciales de lanzamiento y una “avalancha” de demandas de vivienda social para familias vulnerables.
En un momento de crisis económica, derivada de la COVID-19, el derecho a la vivienda sigue siendo uno de los más perjudicados y por ello el escudo social debe reforzarse también en Aragón. En su opinión, “aún está por ver el impacto de la crisis sanitaria y sus efectos sobre las familias” y aunque “es cierto” que el Gobierno de Aragón trabaja en la preparación del Programa 3 de ayudas del Plan Estatal de Vivienda para hacer frente a los posibles desahucios que se produzcan tras la moratoria, “creemos necesario insistir en la previsión y en una dotación suficiente”.
Por ello, Sanz reclamará este viernes al consejero de Vertebración, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, que detalle en sede parlamentaria las medidas que tiene previstas para garantizar la vivienda a las familias vulnerables ante la previsible demanda de vivienda social por la finalización de la suspensión de desahucios por la COVID-19.
“Insistimos en que es necesaria más voluntad política para poner en marcha medidas urgentes que den alternativas habitacionales y frenen los desahucios que contravienen uno de los más básicos derechos humanos”, concluye.