Hoy en el Pleno de las Cortes hemos afrontado la comparecencia del consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Joaquín Olona, huyendo del oportunismo, del populismo y de la irresponsabilidad, como hemos escuchado estas semanas de atrás a algunos tertulianos e incluso algunos cargos públicos. Nuestro Coordinador y portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, ha exigido información sobre lo ocurrido en relación con los incendios forestales de este verano y ha advertido que se debe abordar el debate tanto sobre el modelo como sobre las cuestiones concretas y los aprendizajes que nos ha dejado lo sucedido, y además, tener en cuenta el contexto de cambio climático.
Podemos afirmar que el verano de 2022, que aún no ha concluido, ha sido desastroso en Aragón, como en el conjunto de España, e incluso del resto de Europa, en lo que a los incendios forestales se refiere. Nuestra comunidad ha sufrido con voracidad las consecuencias del fuego, no solo en los montes, sino también, como nunca las afecciones a los núcleos urbanos y a las infraestructuras, tanto públicas como privadas.
Tan solo en lo que va de año se han calcinado casi el 30% de lo que llevamos de siglo, entre 20.000 y 25.000 hectáreas de bosque, monte bajo, pasto y tierras de cultivo, por no hablar de las miles de personas que tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas, del ganado que murió o de las colmenas incendiadas.
Daños y angustias que han vivido las gentes de estos pueblos. Sanz ha hecho mención en su intervención de los dos grandísimos incendios que han afectado a la Celtiberia, el de la comarca de Calatayud y del Moncayo entre las comarcas de Tarazona y Borja. Por ello lo primero ha transmitido la comprensión, el pesar y el compromiso de Izquierda Unida, además del deseo de que sus vidas hayan vuelto a la normalidad o de que lo puedan hacer cuanto antes y de que los paisajes de sus entornos se recuperen pronto.
En segundo lugar, nuestro diputado ha puesto en valor y ha agradecido el trabajo de los efectivos de extinción de incendios y protección civil de todos los ámbitos de la administración pública, cada cual, en su responsabilidad, y de todas las personas que han ofrecido sus esfuerzos y medios a disposición de la protección de los núcleos urbanos y las explotaciones ganaderas, sobre todo.
Resultaría igualmente irresponsable sacar conclusiones del análisis de lo ocurrido en un solo verano, pero no debemos evitar aprender de los errores que sí sabemos que se han producido, aunque no sea de forma voluntaria. Prueba de ello es el Real Decreto-ley 15/2022, por el que el gobierno de coalición adoptó medidas urgentes en materia de incendios forestales, fundamentalmente para modificar la ley de montes, pero que enseguida contó con las críticas del Gobierno de Aragón, quizá porque le dejaba en evidencia ante la inacción normativa sobre la limitación de actividades en el incendio de Ateca.
Sanz ha exigido al consejero que explicara porqué no se delimitaron las actividades y cómo se produjeron los incendios que han asolado Aragón este verano, cuatro “muy grandes”
Nuestro portavoz le ha recordado a Olona que otras comunidades autónomas habían adoptado medidas legales más restrictivas que hubieran impedido, o cuando menos, delimitado la responsabilidad de una forma más evidente del principal incendio que hemos sufrido, pero en Aragón no se han adoptado medidas de esta naturaleza. El Gobierno ha dicho que nuestra ley de montes no lo posibilita, sin embargo, algunos expertos han manifestado que sí había marco legal para haberlo hecho, más allá de unas meras recomendaciones, como ya se hace cada año con la orden que regula las quemas agrícolas.
Tras los dos últimos grandes incendios se han oído declaraciones basadas en premisas falsas o equivocadas y también las ha habido poco reflexivas y muy irresponsables, por venir de cargos públicos que han puesto en cuestión la labor de los APN o de quien echó la responsabilidad de los incendios que arrasan nuestros montes al falso proteccionismo “ecolojeta”.
Sanz ha exigido que se deje claro que la labor de los agentes de la autoridad, como son los APN o el Seprona, es ajustada a la encomienda que les viene dada por la ley de montes de policía, custodia y vigilancia del cumplimiento de la normativa aplicable en materia forestal, especialmente las de prevención, detección e investigación de la causalidad de los incendios forestales.
También ha reclamado a Olona que explique cómo piensan desarrollar ese Plan extraordinario de colaboración público-privada que ha anunciado el presiente Lambán y que tanto nos preocupa.
Nuestro diputado ha reclamado abordar el modelo de gestión forestal y le ha preguntado si la DGA prefiere el que proponía Cs en los presupuestos de la comunidad, basado en la precariedad laboral y la privatización, con un recorte del operativo por un importe superior a los 4,5 millones de euros y asignando 300.000 € las empresas.
En Aragón, ya hace más de una década, tras los incendios de Ejulve, el Justicia de Aragón publicó un informe especial sobre incendios forestales, tras un amplio proceso participativo de técnicos, agricultores, ganaderos, sindicatos, APN y administraciones públicas y que recogía propuestas de actuaciones, como la potenciación de la ganadería extensiva para disminuir la densidad de las masas combustibles en determinadas zonas o la gestión sostenible de una masa forestal resultado de antiguas repoblaciones y abandono del mundo rural, pero 12 años después “volvemos a la casilla de salida”, ha lamentado Sanz desde la tribuna.
En IU estamos expectantes ante las propuestas y el nuevo Plan de Gestión forestal que se viene anunciando pero Sanz ha advertido a Olona que en no vamos a consentir que los nuevos planteamientos de planificación forestal y, sobre todo, de organización del operativo de prevención y extinción de incendios forestales, sean a costa de los y las trabajadoras del operativo, como ya han denunciado las organizaciones sindicales de Sarga, ni a costa de otras políticas ambientales, pero tampoco a costa de entregar los fondos públicos, de servicios públicos, a las empresas privadas, cuyo único objetivo es el lucro. “Eso no es colaboración público privada, eso es como se ha llamado toda la vida una privatización encubierta con eufemismos”.
En cuanto al Decreto de ayudas por el incendio de Ateca, que tiene que pasar por las Cortes de Aragón para su convalidación, Sanz ha adelantado que contará con el apoyo de IU, pero ha señalado que no da solución a las realidades para las que se ha concebido porque se queda “corto”, no recoge las quejas de las y los afectados por su gestión y no está claro el alcance real de algunas de las medidas en la prioridad en el acceso a otros fondos del desarrollo rural, ni partidas presupuestarias. Hoy Olona debería haber aprovechado esta comparecencia para aportar certidumbre a los afectados, especialmente a quienes han visto desaparecer parte de su medio de vida.