Pediremos explicaciones al presidente de Aragón, Javier Lambán, en relación con el transporte sanitario urgente en el pleno de las Cortes de Aragón de la próxima semana, tras nuestra “profunda decepción”por las declaraciones de la Directora Gerente del 061 Aragón, Amparo García, vertidas hoy en la Comisión de Sanidad. Una comparecencia solicitada por nuestro grupo ante el nuevo pliego de este servicio público fundamental que está externalizado.

Nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, se ha interesado por el estado de los pliegos y sobre todo por la intención del Gobierno de Aragón de garantizar o no el cumplimiento de los acuerdos entre trabajadores y empresa en el próximo pliego y por si se iba a garantizar o no una cobertura correcta en el territorio. Sobre esta última cuestión, Sanz considera que la directora gerente ha afirmado que habrá 90 vehículos de forma “inconcreta” y, además, “no resuelve las dudas suscitadas” tras la polémica levantada en las últimas semanas.

Para el diputado, “es preocupante que a estas alturas no tengamos claro en qué términos va a garantizarse la cobertura del territorio y aún lo es mucho más la respuesta que nos ha dado la gerente sobre si va o no a garantizar presupuestariamente los términos del convenio colectivo”.

Amparo García ha dicho literalmente en la Comisión de Sanidad de las Cortes que el reconocimiento de las condiciones laborales acordadas en el acuerdo recién firmado sobre el convenio de transporte sanitario es “inabordable” y “que la Administración no puede ser cautivo de terceros”, en alusión a la conquista de las y los trabajadores en el marco del convenio colectivo.

Según Sanz, estás declaraciones son “inaceptables, de una profunda irresponsabilidad y demuestran que el Gobierno de Aragón se esconde detrás de la externalización para lo que le interesa”.Ante lo sucedido hoy en la comisión de Sanidad, Sanz centrará su próxima pregunta al presidente de Aragón en el parlamento en estas cuestiones ya que considera que el Gobierno “no ha querido valorar” la internalización de dicho servicio esencial,como se está produciendo en otras Comunidades, donde la Administración es la que negocia las condiciones laborales y asume su responsabilidad.

Después de casi un año de huelga de los trabajadores del transporte sanitario urgente en el que Administración ha repetido “hasta la saciedad” que no pueden interferir en las cuestiones entre empresa y trabajadores, ahora que han llegado a un acuerdo que recoge las reclamaciones de subida salarial que no se habían llevado a cabo desde 2018, “ésta es cuestionada” apunta el diputado para recordar que el pliego aún debe ajustarse a estas situaciones.

Sanz advierte que el 1 de julio es la fecha en la que acaba el contrato y no hay posibilidad de prórroga ya que la empresa ha manifestado que no quiere continuar gestionando dicho servicio. Sobre esto, la gerente ha planteado que están trabajando soluciones alternativas pero no ha especificado cuáles.

“Creemos que es el momento para poner encima de la mesa la internalización de este servicio público y sobre esto le preguntaremos al presidente”, concluye Sanz.