Exigimos al Gobierno de Aragón que “se implique” y tome medidas para que las trabajadoras de los 47 comedores escolares de la Comunidad Autónoma que gestionaba la empresa COMBI Catering cobren las nóminas que se les adeudan, tal y como ha facilitado el Ayuntamiento de Zaragoza a las trabajadoras de las Escuelas Infantiles afectadas también por el concurso de acreedores declarado por esta empresa que motivó que dejara de gestionar este servicio y que fuera sustituida por otra de las empresas que gestionan comedores escolares.
Esta situación generó que las trabajadoras no cobraran el salario de enero y solo hayan cobrado la mitad del salario de febrero desde que lo asumió la nueva empresa.
Cabe recordar que las contratas presentan una fianza que las administraciones pueden usar si estas incumplen y, mientras el Ayuntamiento de Zaragoza ha facilitado el cobro de las trabajadoras de las Escuelas Infantiles de las nóminas pendientes, el Gobierno de Aragón no ha hecho lo mismo y las trabajadoras siguen esperando su nómina. Por este motivo, las trabajadoras del CEIP Sainz de Varanda de Zaragoza han empezado a manifestarse y lo harán todos los días en las puertas del colegio a las 13.30 h durante cinco minutos.
Para nuestro Coordinador General y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, las trabajadoras no deben ser las paganas de una situación que nunca debería haberse producido y que no ocurriría si el modelo de comedores fuera el modelo público “con todos los servicios internalizados, con cocinas in situ en todos los centros y con todo el personal a cargo de la DGA”.
El diputado ha registrado una pregunta en las Cortes de Aragón dirigida a la consejera del ramo, Claudia Pérez Forniés, para conocer qué actuaciones ha llevado a cabo su Departamento para ello, si se ha planteado utilizar la fianza de la licitación para esta cuestión y qué plazos se plantean para que las trabajadoras cobren los atrasos.
“Educación no se ha preocupado de conocer la solvencia de la adjudicataria y eso no debería haber pasado”, ha lamentado Sanz quien muestra nuestro apoyo a las trabajadoras e insiste en que éste es un caso que muestra “el fracaso de la externalización de servicios públicos”.
Apostamos por un modelo público de comedores y, hasta configurarlo, comenzar con un modelo marco de contratación que permitiera a los centros escolares elegir la empresa e incluso cambiarla si no cumple con los criterios de calidad, así como mejorar la transparencia en el seguimiento de las condiciones de los comedores.